Granada: el único pasaporte caribeño que da acceso al visado E-2 estadounidense

Estados Unidos expide un visado a los nacionales de Estados con los que ha celebrado un tratado de comercio y navegación, cuando esas personas invierten en una empresa estadounidense que dirigen.

Granada es uno de esos Estados. Ninguno de los otros cuatro programas caribeños de ciudadanía da acceso a este visado, y Francia tampoco figura entre esos Estados.

Es precisamente lo que hace que la nacionalidad granadina resulte pertinente para un francés: le abre un acceso que su nacionalidad de origen no le da.

Este fundamento convencional es, además, más sólido que una exención de visado unilateral: deriva de un tratado, y no de una decisión que un Estado puede suspender por sí solo, como mostró el caso de Vanuatu, cuyo pasaporte cayó a aproximadamente 95¹ destinos.

Hay que precisar que existen otros Estados vinculados a Estados Unidos por este tipo de tratado, incluso en Europa, y que una nacionalidad caribeña no es la única vía. Es simplemente la más rápida de adquirir para quien no dispone de ninguna de esas nacionalidades por filiación.

No se trata de una inversión pasiva. El solicitante debe invertir un capital sustancial en una empresa estadounidense real, no marginal, y asumir su dirección efectiva.

El visado permite vivir en Estados Unidos y dirigir allí esa empresa, y es renovable mientras continúe la actividad. No da acceso a la residencia permanente.

No publicamos el importe de inversión exigido, ni los plazos, ni las condiciones de renovación: dependen del derecho estadounidense y no hemos podido verificarlos en una fuente oficial actualizada. Deben establecerse con un abogado estadounidense.

Algunas administraciones estadounidenses exigen además un periodo de tenencia de la nacionalidad del país del tratado, o incluso una residencia, antes de examinar la solicitud. Este punto debe comprobarse de antemano.

El orden de los trámites es, por tanto, el inverso del orden cronológico: el proyecto empresarial estadounidense es lo que debe examinarse en primer lugar, porque condiciona todo lo demás.

Se impone una distinción con las demás vías de acceso a Estados Unidos. El visado para inversores comerciales no es el programa de inversión que conduce a la residencia permanente, cuyos importes y lógica son diferentes. No conduce a la tarjeta de residente permanente, y su validez sigue vinculada a la actividad.

Esta diferencia es determinante para un proyecto familiar: un hijo que alcanza la mayoría de edad pierde el beneficio del estatuto derivado de sus padres, lo que obliga a anticipar su propia situación mucho antes del vencimiento.

La contribución al fondo de transformación nacional asciende a 235.000 US$² para un solicitante individual. La opción inmobiliaria asciende a a partir de 270.000 US$³.

Estos importes se sitúan en la media caribeña: aproximadamente 200.000 US$⁴ en Dominica, 230.000 US$⁵ en Antigua y Barbuda, a partir de 250.000 US$⁶ en San Cristóbal y Nieves.

No obstante, el coste total de un proyecto combina la contribución granadina, los gastos de verificación y de agente, la inversión estadounidense y los honorarios jurídicos en ambos lados. Razonar solo sobre el umbral caribeño subestima ampliamente la operación.

El pasaporte granadino da acceso, además, a aproximadamente 148⁷ destinos sin visado, lo que no aporta ninguna ganancia de movilidad a un nacional francés.

• El acceso a Estados Unidos es el único elemento diferenciador objetivo de Granada entre los programas caribeños.
• Se basa en un tratado bilateral, más sólido que una exención unilateral.
• Exige un proyecto empresarial estadounidense real, dirigido por el solicitante.
• El proyecto estadounidense debe examinarse antes de iniciar el procedimiento granadino.
• La nacionalidad no traslada la residencia fiscal: Granada grava a sus residentes sobre las rentas locales.

Merece señalarse un último punto: instalarse en Estados Unidos implica la aplicación del derecho tributario estadounidense, que grava a sus residentes por sus rentas mundiales y cuya salida es en sí misma costosa. La vía granadina abre, por tanto, el acceso a una jurisdicción fiscalmente exigente, lo que debe sopesarse con los motivos que la justifican.