San Cristóbal: el programa CBI más antiguo refuerza sus controles

El programa de ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves es el más antiguo de su clase. Lo administra la Citizenship by Investment Unit, la CIU, que publica ella misma su escala y sus plazos. Es una diferencia de método respecto a varios programas competidores, cuyos importes circulan sobre todo a través de despachos autorizados.

La vía principal es hoy la Sustainable Island State Contribution, una contribución no reembolsable abonada al Estado. Ha sustituido a los mecanismos anteriores basados en un fondo de diversificación.

La escala publicada por la CIU y consultada el 26 de septiembre de 2026 distingue el núcleo familiar y las personas a cargo adicionales.

• Solicitante principal solo, o familia de cuatro personas como máximo: a partir de 250.000 US$¹;
• cada persona a cargo adicional menor de dieciocho años: 25.000 US$²;
• cada persona a cargo adicional de dieciocho años o más: 50.000 US$³.

La estructura de la escala merece leerse con atención: el umbral de entrada es idéntico para una persona sola y para una familia de cuatro. Dicho de otro modo, una pareja con dos hijos paga el mismo importe de contribución que una persona soltera. A partir del cuarto miembro, el coste marginal depende de la edad.

Los gastos de verificación previa —la due diligence— se facturan aparte, y no son simbólicos. Ascienden a 10.000 US$⁴ para el solicitante principal y a 7500 US$⁵ por cada persona a cargo de dieciséis años o más.

El hecho de que la verificación se cobre por persona, y desde los dieciséis años, dice algo del programa: el control no recae solo en el inversor sino en cada adulto y adolescente mayor del expediente. Para una familia numerosa, estos gastos pueden representar una fracción nada desdeñable del presupuesto total.

La CIU anuncia una decisión en un plazo de entre a partir de 120 días⁶ y hasta 180 días⁷ a partir del acuse de recibo del expediente. Se prevén tres desenlaces: aprobación de principio, denegación o aplazamiento motivado.

Esta tercera rama es la que un candidato debe incorporar a su calendario. Un aplazamiento por causa justificada no es una denegación, pero abre un periodo cuya duración no está limitada por el texto consultado. Construir un proyecto —escolaridad, venta de una empresa, mudanza— sobre la hipótesis de una decisión al término del plazo anunciado equivale a apostar por la primera rama.

Una solicitud no se presenta directamente: pasa por un agente autorizado. De la propia escala se desprenden tres precauciones.

1. Calcular el coste del expediente antes de presentarlo: contribución, gastos de verificación por persona afectada, honorarios del agente y tasas del Estado se suman, y solo las dos primeras partidas figuran en la escala pública;
2. preparar los documentos de cada adulto y de cada persona a cargo de dieciséis años o más, ya que cada uno es objeto de una verificación facturada;
3. prever un margen de calendario más allá del plazo anunciado, puesto que la posibilidad de un aplazamiento motivado está inscrita en el procedimiento.

La página consultada no menciona ninguna fecha de entrada en vigor de los importes. No podemos, por tanto, decir a partir de cuándo se aplica esta escala, ni si un expediente presentado con anterioridad está sujeto a importes diferentes: este punto debe confirmarse con la CIU o con un agente autorizado antes de cualquier compromiso.

Las tasas del Estado y los honorarios de agente no figuran en la escala pública consultada; se suman a los importes anteriores y varían según el intermediario. No los cuantificamos aquí.

Por último, las condiciones de acceso sin visado vinculadas al pasaporte dependen de acuerdos bilaterales que pueden evolucionar con independencia del propio programa. Una clasificación de movilidad constatada hoy no constituye un compromiso para toda la duración de una naturalización.