Costa Rica: el visado Rentista atrae a los independientes

Costa Rica organiza varias categorías de residencia temporal. Tres interesan a los franceses: la de inversionista, la de pensionado y la de rentista.

La categoría de inversionista se basa en un umbral definido por la ley n.º 9996 de 2021, fijado en 150.000 US$¹. La inversión puede consistir en inmuebles, valores o un proyecto productivo.

La categoría de rentista se dirige a las personas que acrediten ingresos regulares de origen no salarial, garantizados durante un periodo determinado. La de pensionado exige una pensión.

No publicamos ni los umbrales de ingresos exigidos en las categorías de pensionado y rentista, ni la duración de la garantía exigida, ni las condiciones de renovación: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido verificar. Deben confirmarse ante la Dirección General de Migración y Extranjería.

Además, la ley de 2021 dotó a la categoría de inversionista de ventajas temporales, en particular exenciones a la importación de bienes personales y vehículos. Estas medidas tienen una vigencia limitada y debe comprobarse si se mantienen.

Toda residencia temporal costarricense exige la afiliación al régimen de seguridad social, cuya cotización se calcula sobre los ingresos declarados.

Es una carga recurrente, y no un gasto de entrada. Debe figurar en el presupuesto desde el primer año, y aumenta con los ingresos declarados, lo que genera una tensión con la obligación de acreditar ingresos suficientes para obtener el permiso.

La falta de cotización es, además, una de las causas más frecuentes de interrupción del camino hacia la residencia permanente, al igual que las ausencias prolongadas.

A cambio, la afiliación da acceso al sistema de salud pública costarricense, de alto nivel para la región. No es, por tanto, una carga sin contrapartida, pero debe entenderse como una cotización obligatoria y no como una opción.

Esta obligación distingue claramente a Costa Rica de los demás destinos de América Latina, que en general dejan el seguro médico a cargo y a elección del residente extranjero. Refleja un modelo social singular en la región, construido desde hace tiempo y financiado sobre una base amplia.

Costa Rica aplica la territorialidad: tributan las rentas de fuente costarricense, procedentes de bienes situados o de actividades ejercidas en el territorio. Las rentas de fuente extranjera no forman parte de la base imponible.

Es el fundamento del atractivo del país para rentistas y jubilados. Como toda territorialidad, protege la fuente extranjera y no a la persona: una renta derivada de una actividad ejercida desde Costa Rica requiere un análisis distinto.

La escala aplicable a asalariados, jubilados y pensionistas tiene varios tramos, con un tipo intermedio del 10 %² y un tipo máximo del 25 %³.

Las personas jurídicas cuyos ingresos brutos superan un umbral determinado aplican un tipo fijo del 30 %⁴, con tipos reducidos por debajo de ese umbral.

1. Elegir la categoría en función de la naturaleza de los ingresos: pensión, renta o inversión.
2. Reunir los documentos de estado civil y de antecedentes penales apostillados, un trámite largo que hay que iniciar en Francia.
3. Prever la cotización a la seguridad social costarricense desde el presupuesto inicial.
4. Comprobar si se mantienen las ventajas temporales de la ley de 2021, que tienen una vigencia limitada.
5. Tratar la salida de Francia según sus propios criterios: la territorialidad no resuelve nada en ese aspecto.

Una observación de fondo para terminar. Contrariamente a una idea extendida, Costa Rica es uno de los países más caros de Centroamérica, y la diferencia con Francia en un presupuesto familiar es menos espectacular de lo que se anuncia. Lo que ofrece está en otra parte: una estabilidad institucional antigua, una política medioambiental constante y una territorialidad inscrita en el derecho. Eso se paga, y es una elección asumida más que una ganga.