Argentina: el Tribunal Supremo acelera un expediente sobre las tierras agrícolas

El miércoles 7 de octubre, el Tribunal Supremo argentino aceleró un asunto que incluye una solicitud de medida provisional para restablecer los límites a la propiedad extranjera de la tierra, suprimidos por decreto presidencial. Redujo a 24 heures, en lugar de los 72 habituales, el plazo para recusar a dos jueces suplentes, sin explicar las «circunstancias particulares» alegadas.

Los tres jueces en ejercicio no lograron ponerse de acuerdo sobre el procedimiento que debía seguirse, y una decisión exige tres votos. Por ello se sortearon dos jueces de otras jurisdicciones. El asunto fue presentado por una asociación medioambiental, dos comunidades indígenas y una representante electa provincial, que quieren saber si la decisión de la semana anterior abarca también su acción, basada en el medio ambiente y en los derechos territoriales indígenas.

La ley de 2011 limitaba la propiedad extranjera a 15 % de las tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio, con un máximo de 30 % de ese porcentaje para una misma nacionalidad. Un propietario extranjero no podía superar las 1 000 hectáreas en la zona agrícola central. El decreto de diciembre de 2023 derogó toda la ley. Los tribunales suspendían sus efectos desde enero de 2024.

El 29 de septiembre, el Tribunal Supremo anuló la resolución de apelación que bloqueaba la derogación, al considerar que la asociación demandante no tenía legitimación para actuar, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. En la práctica, los límites ya no se aplican. Según el registro, los extranjeros poseían 13,26 millions de hectáreas, es decir, 4,97 % de las tierras rurales, según datos actualizados en agosto de 2025.

Hoy no se aplica ningún límite a las compras de tierras agrícolas por parte de extranjeros. No obstante, una medida provisional del Tribunal podría restablecer los antiguos límites con poca antelación. No está claro qué ocurrirá con las adquisiciones realizadas desde el 29 de septiembre si vuelve el límite. El sitio web del registro de la propiedad indicaba todavía el jueves por la mañana que los límites estaban «en vigor», lo que añade incertidumbre a cualquier operación firmada ahora.

En el plano político, el partido presidencial estudia fórmulas para restablecer un límite, mediante un proyecto independiente o un capítulo de un texto sobre la propiedad privada. Diputados de la oposición han convocado una sesión especial el 15 de octubre para anular el decreto, pero reconocen que les faltan al menos 10 diputados para alcanzar el quórum.

La fuente no dice cuándo dictará el Tribunal su decisión ni si concederá la medida provisional. Precisa que la etapa del 7 de octubre es procesal: no restablece el límite y no resuelve la constitucionalidad de la derogación.

El registro no publica las participaciones por nacionalidad, por lo que se desconoce la proporción de los inversores estadounidenses o de otras nacionalidades. Tampoco se sabe qué propondrá el partido presidencial, en su caso.