Bahamas: la residencia anual, más accesible que la permanente

La residencia permanente económica exige una inversión mínima de a partir de 1.000.000 US$¹, es decir, unos aproximadamente 1.000.000 €², realizada en el sector inmobiliario o mediante la adquisición de bonos cupón cero emitidos por el banco central.

En ambos casos, el activo debe conservarse durante un periodo mínimo de a partir de 10 años³. El capital queda, por tanto, inmovilizado durante una década.

El umbral se elevó el 1 de enero de 2025; antes se situaba en un nivel claramente inferior, lo que deja obsoleta toda documentación anterior.

Existe además una residencia anual, renovable, para las personas económicamente independientes. Se basa en la acreditación de recursos y en una vivienda en el archipiélago, sin una inmovilización de capital comparable.

No publicamos ni las condiciones de esta residencia anual, ni los recursos exigidos, ni las tasas de tramitación o los plazos: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido verificar. Deben confirmarse ante el departamento de inmigración bahameño.

Un estatus anual se renueva, y cada renovación es una decisión. Un estatus permanente, una vez adquirido, ya no depende de una valoración administrativa recurrente.

Esta diferencia es decisiva para una instalación familiar: escolarizar a los hijos, firmar un arrendamiento largo o adquirir un inmueble exige una visibilidad que la renovación anual no ofrece.

Además, el certificado de residencia permanente da derecho, según los términos empleados por el departamento de inmigración, a residir y trabajar, lo que distingue a las Bahamas de muchos programas comparables.

Por último, existe una vía intermedia: el Gobierno indica que la compra de una vivienda de un valor de al menos 1.500.000 US$⁴ da acceso a una tramitación acelerada del expediente. Se trata de una prioridad de tramitación, no de un derecho automático.

Un último elemento distingue ambas vías: el coste real. Una residencia anual se paga en gastos recurrentes y en alquiler; una residencia permanente se paga en capital inmovilizado, cuyo coste se mide por el rendimiento al que se renuncia durante una década.

Según el nivel de patrimonio y el horizonte del proyecto, se impone una u otra. Para una estancia de pocos años, la vía anual es casi siempre la más racional.

Las Bahamas nunca han establecido un impuesto sobre la renta de las personas físicas, y los beneficios de las sociedades no tributan: el tipo aplicable es del 0 %⁵, al margen del impuesto mínimo complementario dirigido a los grandes grupos.

Pero la ausencia de impuesto local no pone fin al domicilio fiscal francés. El artículo 4 B del code général des impôts establece cuatro criterios alternativos, y basta uno solo para mantenerlo.

Además, no existe convenio fiscal entre Francia y las Bahamas: ningún mecanismo convencional dirime una doble residencia, y la única protección reside en la ruptura efectiva y documentada de los vínculos.

Por último, la salida activa la exit tax a partir de más de 800.000 €⁶ en títulos y, como el archipiélago no pertenece al Espacio Económico Europeo, el aplazamiento exige garantías y un representante fiscal, y debe solicitarse al menos a partir de 90 días⁷ antes del traslado.

Además, la ausencia de impuesto sobre la renta oculta una fiscalidad indirecta real: impuesto sobre el consumo en un país donde casi todo se importa, impuesto anual sobre bienes inmuebles y derechos de timbre sobre las transmisiones.

• La residencia anual es accesible pero se renueva, lo que limita la visibilidad.
• La residencia permanente exige a partir de 1.000.000 US$¹ inmovilizados durante a partir de 10 años³.
• Ninguna de las dos traslada el domicilio fiscal francés.
• No existe convenio fiscal entre Francia y las Bahamas.
• La proximidad de Florida crea un riesgo de residencia fiscal estadounidense por presencia física.

Por último, el riesgo de ciclones constituye la principal limitación práctica: encarece el seguro y a veces lo hace difícil de obtener según la construcción y la exposición del inmueble. Para un estatus anual en una vivienda alquilada y no comprada, este riesgo lo soporta el arrendador, lo que constituye, paradójicamente, una ventaja de la vía menos comprometedora.