Convenio fiscal: por qué lo cambia todo en su marcha

El punto de partida no es el convenio, sino la ley francesa. El artículo 4 B del code général des impôts define quién tiene su domicilio fiscal en Francia. Establece cuatro categorías de personas.

1. Las que tienen en territorio francés su hogar o el lugar de su estancia principal;
2. las que ejercen en él una actividad profesional, por cuenta ajena o no, salvo que acrediten que esa actividad se ejerce en Francia con carácter accesorio;
3. las que tienen en Francia el centro de sus intereses económicos;
4. los agentes del Estado que ejercen sus funciones o desempeñan una misión en un país en el que no están sujetos a un impuesto personal sobre la totalidad de sus rentas.

La doctrina administrativa es explícita sobre el alcance de esta lista: «Para que un contribuyente esté domiciliado en Francia, basta con que se cumpla uno de los criterios». Los criterios son alternativos, no acumulativos. Es la frase de mayores consecuencias de todo el dispositivo.

La consecuencia práctica resulta contraintuitiva para muchos de quienes se marchan. Vivir en el extranjero todo el año no protege: basta con que el centro de intereses económicos haya permanecido en Francia para que se mantenga el domicilio francés. Un directivo instalado en Dubái cuyas rentas proceden en su mayor parte de una sociedad francesa cumple un criterio, y basta con uno.

A la inversa, haber conservado una vivienda en Francia no basta necesariamente para caracterizar el hogar si la familia se ha trasladado realmente y si el centro de intereses ha cambiado de país. La valoración se basa en hechos, y se realiza a partir de un conjunto de indicios, no de declaraciones de intenciones.

Por eso el recuento de días, al que muchos reducen la cuestión, no es más que uno de los elementos del primer criterio —la estancia principal— y no dice nada de los otros tres.

El convenio solo entra en juego en la segunda etapa, y únicamente en caso de conflicto. Si Francia considera a una persona domiciliada en su territorio y el otro Estado la considera también residente, dos derechos internos se contradicen. El convenio celebrado entre ambos Estados decide.

Su primacía no es un favor: se deriva de la jerarquía normativa, «ya que la norma de derecho internacional prevalece siempre sobre la ley interna, en virtud del artículo 55 de la Constitución de 4 de octubre de 1958».

La mayoría de los convenios organizan este desempate mediante una serie de criterios sucesivos: a menudo la vivienda permanente, después el centro de intereses vitales, después la estancia habitual, después la nacionalidad y, en último término, un acuerdo entre administraciones. Se aplican en orden: solo se pasa al siguiente si el anterior no resuelve.

Se plantea en toda marcha, pero se vuelve crítica en tres situaciones: cuando la familia no se marcha al mismo tiempo que la persona; cuando la actividad o las rentas siguen vinculadas a Francia; y cuando el país de acogida no ha celebrado un convenio con Francia, en cuyo caso no existe ningún mecanismo de desempate y la doble imposición no queda resuelta por ningún texto.

Este último caso merece verificarse antes de elegir un destino: la ausencia de convenio es un dato del proyecto, al igual que un tipo impositivo.

1. Comprobar, país por país, la existencia de un convenio con Francia, y leer su cláusula de residencia antes de comprometerse;
2. revisar uno por uno los cuatro criterios del artículo 4 B, y no solo el recuento de días;
3. documentar el traslado sobre la marcha —contrato de alquiler o compra en destino, escolarización, cuentas bancarias, contratos, cambios profesionales—, porque la prueba se construye antes de la inspección, nunca durante;
4. tratar la vinculación de las rentas como un frente distinto de la mudanza: es el centro de intereses económicos el que con más frecuencia está en cuestión.

Los convenios no son intercambiables. El orden de los criterios de desempate, las definiciones adoptadas y las excepciones varían de un texto a otro, y algunos convenios antiguos contienen cláusulas propias. Ningún razonamiento general exime de leer el convenio aplicable.

No publicamos aquí una lista de los países vinculados a Francia por un convenio: cambia, y no disponemos de una fuente oficial consolidada y fechada que citar para toda la red. Debe verificarse caso por caso en el sitio web de la administración tributaria.

Por último, la valoración del hogar y del centro de intereses económicos depende de un análisis de hechos, que se somete con regularidad a los tribunales. Dos situaciones parecidas pueden recibir respuestas diferentes; es una incertidumbre estructural del dispositivo, no una laguna de información.