Dominica: diligencia debida reforzada en las solicitudes CBI

Todo programa de ciudadanía por inversión descansa en un procedimiento de verificación previa del candidato, encomendado a firmas especializadas contratadas por el Estado. Es este procedimiento el que determina la aceptación del expediente, y no el pago en sí.

Esta verificación abarca tres aspectos: la identidad y el estado civil, la ausencia de antecedentes penales o de medidas restrictivas, y el origen de los fondos invertidos. Este último aspecto es el que más se ha endurecido.

Sus tasas se facturan por separado y no son reembolsables en caso de denegación. En San Cristóbal y Nieves ascienden a 10.000 US$¹ para el solicitante principal y a 7500 US$² por cada persona a cargo de dieciséis años o más.

Dominica, cuya contribución mínima al fondo de diversificación económica es de aproximadamente 200.000 US$³, aplica un procedimiento de la misma naturaleza, acompañado de una entrevista obligatoria con el candidato.

La causa es ajena al Caribe. La Unión Europea y Estados Unidos han expresado públicamente reservas sobre estos programas, vinculándolos a riesgos de elusión de sanciones, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.

Lo que está en juego para estos Estados es la exención de visado de la que disfrutan sus nacionales en el espacio Schengen y en el Reino Unido. Esa exención es lo que da valor al pasaporte; perderla dejaría el programa sin razón de ser.

El precedente es conocido y está documentado: Vanuatu perdió la exención de visado de la que gozaba ante la Unión Europea, y su pasaporte ya solo da acceso sin visado a aproximadamente 95⁴ destinos. Los Estados caribeños han tomado nota de este ejemplo.

El endurecimiento de los controles es, por tanto, una medida de preservación, y va acompañado de una subida de los umbrales: Dominica, Antigua y Barbuda con 230.000 US$⁵ y Granada con 235.000 US$⁶ han convergido todos hacia importes superiores a sus importes de entrada históricos.

No publicamos tasas de denegación ni estadísticas de expedientes rechazados: las autoridades afectadas no publican estos datos, y no hemos encontrado ninguna fuente oficial que permita cuantificarlos.

1. Reunir documentos del registro civil y certificados de antecedentes penales apostillados y traducidos de cada país de residencia de los últimos años.
2. Documentar el origen de los fondos de forma continua: venta de empresa, herencia, rentas de actividad, con los justificantes bancarios correspondientes.
3. Prever una entrevista con las autoridades o con su proveedor, que hoy es la regla más que la excepción.
4. Considerar perdidas las tasas de verificación en caso de denegación e incluirlas en el presupuesto.
5. Recurrir a un agente autorizado: no es posible presentar la solicitud directamente.

El segundo punto es el que bloquea más expedientes. Una fortuna constituida hace mucho tiempo, sin una trazabilidad documental completa, es más difícil de hacer aceptar que un patrimonio reciente y documentado, algo que a menudo sorprende a los candidatos más solventes.

La cuestión abierta no es la de los controles, sino la de su suficiencia. Nada garantiza que el endurecimiento emprendido preserve de forma duradera la exención de visado: la decisión corresponde a terceros Estados, y es tan política como técnica.

Un candidato debe, por tanto, valorar lo que compra teniendo en cuenta esta revocabilidad. La ciudadanía queda adquirida; la ventaja de movilidad que la hace atractiva, no.

Por último, conviene recordar que el pasaporte no traslada la residencia fiscal. Santa Lucía fija un umbral de 183 días⁷ para establecer la residencia fiscal, y Dominica grava las rentas hasta el 35 %⁸: la ausencia de tributación solo se aplica a las rentas de fuente extranjera de un residente efectivo.

Para un ciudadano francés, además, la ganancia de movilidad es nula. El único motivo serio para emprender un trámite así es la diversificación de nacionalidades, y entonces se valora como un seguro, no como una inversión.