Dominica: el pasaporte por inversión más barato del Caribe

Dominica concede su nacionalidad a cambio de una contribución al fondo de diversificación económica o de una inversión inmobiliaria autorizada, sin requisito de residencia previa ni de presencia posterior.

La contribución mínima al fondo asciende a aproximadamente 200.000 US$¹.

Es el importe más bajo de los cinco programas caribeños: Antigua y Barbuda exige 230.000 US$², Granada 235.000 US$³, Santa Lucía a partir de 240.000 US$⁴ y San Cristóbal y Nieves a partir de 250.000 US$⁵.

La diferencia entre el más barato y el más caro se ha vuelto, por tanto, modesta. Esta convergencia es el rasgo más destacado del periodo: durante una década, estos Estados compitieron en precio, una competencia a la que pusieron fin las presiones europeas y estadounidenses.

El pasaporte dominiqués da acceso sin visado a aproximadamente 145⁶ destinos, el nivel más bajo de los cinco, frente a aproximadamente 154⁷ en el caso de San Cristóbal y Nieves.

La contribución no es el coste total. Las tasas de diligencia debida, facturadas aparte, no son reembolsables en caso de denegación, y el procedimiento pasa obligatoriamente por un agente autorizado cuyos honorarios no están regulados.

Además, las tarifas familiares varían mucho de un programa a otro. Antigua y Barbuda ofrece una opción para familias numerosas cuyo coste por persona disminuye con el tamaño del hogar.

La diligencia debida se ha reforzado considerablemente: entrevistas obligatorias, verificación del origen de los fondos, controles sobre las nacionalidades consideradas de riesgo. Un expediente incompleto se rechaza, y los gastos incurridos no se devuelven.

La comparación entre programas se hace, por tanto, en función de la movilidad, las obligaciones de presencia y los accesos específicos, y no por unas decenas de miles de dólares de diferencia.

No publicamos el detalle completo de las tarifas familiares de Dominica, ni el importe de su opción inmobiliaria, ni sus tasas de diligencia debida: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido verificar.

Dominica es, por otra parte, el más pequeño y menos desarrollado de los cinco Estados en cuestión, lo que tiene consecuencias concretas para quien se plantee residir allí de verdad: oferta médica limitada, conexiones aéreas reducidas y una elevada exposición a los ciclones.

La isla sufrió gravemente el huracán María en 2017, y la reconstrucción absorbió una parte significativa de los ingresos del programa de ciudadanía. Es un elemento de contexto que las presentaciones comerciales omiten, aunque arroja luz sobre la economía misma del programa.

Una ciudadanía por inversión no modifica la residencia fiscal. Un francés que la adquiere sin salir de Francia sigue tributando allí por la totalidad de sus rentas.

La fiscalidad dominiquesa tampoco es nula: la escala del impuesto sobre la renta va del 0 %⁸ al 35 %⁹, y el impuesto sobre sociedades se sitúa en el 25 %¹⁰.

Son las rentas de fuente extranjera las que no tributan, y solo para un residente efectivo. Las plusvalías, en cambio, no están gravadas, con un tipo del 0 %¹¹.

Por último, el valor del pasaporte descansa en un acceso sin visado que terceros Estados pueden retirar. Vanuatu lo perdió ante la Unión Europea, y su pasaporte cayó a aproximadamente 95¹² destinos.

• Dominica sigue teniendo la contribución más baja, pero la diferencia se ha reducido.
• Su pasaporte da acceso al menor número de destinos de los cinco programas.
• Los gastos adicionales no son reembolsables en caso de denegación.
• El pasaporte no traslada la residencia fiscal.
• El acceso sin visado depende de decisiones de terceros Estados, y ya se ha retirado en otros casos.

Para un ciudadano francés, la ganancia de movilidad es nula: el pasaporte francés da acceso a más destinos que cualquiera de estos cinco. El interés, cuando existe, reside en diversificar nacionalidades o en disponer de una solución de repliegue. El razonamiento debe partir, por tanto, del uso que se busca, y el precio solo debe intervenir al final.