EAU: el convenio franco-emiratí da seguridad a las salidas

Un convenio fiscal atribuye el derecho a gravar a uno de los dos Estados según la naturaleza de la renta, y prevé un mecanismo de eliminación cuando ambos conservan un derecho.

En caso de doble residencia, desempata mediante criterios aplicados por orden: vivienda permanente, centro de intereses vitales, estancia habitual y, por último, nacionalidad.

Estos criterios están jerarquizados, y solo se pasa al siguiente si el anterior no resuelve. Una vivienda conservada y disponible todo el año en Francia pesa desde el primero.

Un convenio no crea, por tanto, ningún derecho nuevo: reparte un derecho a gravar entre dos Estados que lo reivindican ambos.

Hay que distinguir dos efectos que a menudo se confunden. Un convenio elimina la doble imposición de una misma renta por dos Estados; no suprime la obligación de declarar en el Estado que renuncia a gravar. Una renta exenta por convenio debe, en la mayoría de los casos, seguir declarándose.

Invocar un convenio exige demostrar la condición de residente fiscal del Estado de acogida, lo que se hace mediante un certificado expedido por su administración.

Este certificado es un trámite distinto del permiso de residencia. Un permiso de diez años no lo sustituye, y muchos expatriados nunca lo han solicitado.

En los Emiratos, la residencia fiscal de una persona física se adquiere, entre otros supuestos, por una presencia de a partir de 183 días¹ en doce meses. En Catar, la ley exige una residencia permanente en el Estado o una estancia de más de 183 días² en doce meses.

Esta definición catarí no tiene, por cierto, por objeto crear un impuesto —no existe sobre la renta de las personas físicas—, sino precisamente permitir la expedición de estos certificados.

No publicamos ni las condiciones de expedición de estos certificados, ni los documentos exigidos, ni los plazos: corresponden a procedimientos administrativos que no hemos podido comprobar en fuentes oficiales actualizadas.

Incluso antes del convenio, el artículo 4 B del code général des impôts (código general de impuestos francés) establece cuatro criterios alternativos: el hogar, el lugar de estancia principal, la actividad profesional y el centro de intereses económicos.

Basta uno solo para mantener el domicilio fiscal francés. Un directivo cuya sociedad operativa y cuya familia permanecen en Francia sigue domiciliado en Francia, sea cual sea el tiempo que pase en los Emiratos.

El convenio solo interviene después, para desempatar entre dos residencias efectivas. No corrige una salida mal documentada: arbitra entre dos situaciones reales.

Además, varios destinos no tienen ningún convenio con Francia: Vanuatu, las Bahamas, las Islas Caimán, Paraguay. En ese caso no es posible ningún arbitraje, y la única protección reside en la ruptura efectiva de los vínculos.

La carga de la prueba recae, además, sobre el contribuyente. Son sus documentos, reunidos a lo largo de los años, los que acreditarán la realidad de la salida, y no una declaración hecha en el momento de la inspección.

1. Comprobar la existencia de un convenio con el destino previsto, antes de cualquier otro examen.
2. Documentar la ruptura de los vínculos: vivienda, familia, actividad, intereses económicos.
3. Solicitar el certificado de residencia fiscal en cuanto se cumplan las condiciones de presencia.
4. Conservar las pruebas de presencia, que servirán en caso de inspección.
5. En el caso de una sociedad, comprobar por separado que su dirección efectiva se ha trasladado realmente.

Por otra parte, el contexto fiscal emiratí ha cambiado: las personas físicas siguen sin tributar, pero ahora se aplica un impuesto sobre los beneficios de las sociedades del 9 %³ por encima de 375.000 AED⁴ de beneficio imponible.

Esta evolución tiene un efecto indirecto sobre los convenios: un Estado que recauda un impuesto sobre sociedades entra más claramente en el ámbito de los mecanismos convencionales, lo que resulta más bien favorable para quienes pretenden acogerse a ellos.