España: la ley Beckham se amplía a los teletrabajadores

El régimen español de trabajadores desplazados permite a una persona que traslada su residencia a España tributar según las normas aplicables a los no residentes, es decir, solo por sus rentas de fuente española.

El tipo aplicable es del 24 %¹ hasta un umbral de base liquidable, fijado en 600.000 €², por encima del cual se aplica un tipo superior.

El régimen se aplica durante 6 años³: el año del traslado y los cinco siguientes. Por tanto, tiene un límite y no se renueva.

La comparación con la escala general es reveladora: esta alcanza el 47 %⁴ en su tipo marginal máximo, al que se suma el tramo autonómico. La diferencia es considerable para una remuneración elevada.

Conviene señalar desde el principio lo que este régimen no es. No es ni una exención ni un tanto alzado: el beneficiario sigue siendo residente fiscal en España y declara en España, pero según las normas aplicables a los no residentes. Esta calificación técnica determina todo lo demás, en particular la base de la tributación patrimonial.

El régimen se concibió originalmente para los asalariados desplazados a España por una empresa extranjera. Su ampliación se dirige ahora a los asalariados que teletrabajan desde España para un empleador extranjero, así como a determinados perfiles de administradores y emprendedores.

Además, se ha reducido el requisito de no residencia previa, lo que abre el régimen a personas que salieron de España más recientemente.

El límite principal se mantiene: el régimen solo se aplica a las rentas de la actividad y deja las rentas pasivas de fuente extranjera fuera de la base imponible española, pero no exime de las obligaciones declarativas ni de la tributación patrimonial.

El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, en particular, grava los patrimonios superiores a más de 3.000.000 €⁵. No obstante, un beneficiario del régimen solo está sujeto a él por sus bienes situados en España, lo que reduce considerablemente su base durante la vigencia del régimen.

No publicamos ni el número de años de no residencia que se exige ahora, ni la lista exacta de perfiles admisibles tras la ampliación, ni el tipo aplicable por encima del umbral: no hemos podido verificarlos en una fuente oficial española actualizada. Deben confirmarse ante la Agencia Tributaria.

1. Comprobar que el perfil es admisible: asalariado desplazado, teletrabajador para un empleador extranjero, administrador o emprendedor, según el caso.
2. Ejercer la opción en el plazo previsto tras adquirir la residencia fiscal española: el régimen no se aplica de oficio.
3. Valorar el efecto del límite de 6 años³: el año de salida es aquel en que la carga fiscal cambia bruscamente.
4. Cuantificar el tramo autonómico, que varía mucho de una comunidad a otra al salir del régimen.
5. Gestionar la salida de Francia según sus propios criterios, ya que una presencia de más de más de 183 días⁶ conlleva la residencia habitual en España.

El tercer punto es el que más a menudo falta en las proyecciones. Un directivo instalado con este régimen ve cómo su carga fiscal se dispara el séptimo año, cuando su remuneración y su nivel de vida se han fijado sobre la base de los seis primeros.

La articulación entre el régimen y el teletrabajo para un empleador extranjero plantea una cuestión que la ampliación no resuelve por completo: la del establecimiento permanente. Una actividad ejercida de forma duradera desde España puede, según las circunstancias, considerarse generadora de una presencia imponible del empleador.

Es un riesgo para la empresa más que para el asalariado, pero a menudo condiciona el acuerdo del empleador, por lo que debe tratarse con él de antemano.

Por otra parte, España sigue siendo un país con una fiscalidad patrimonial real: impuesto sobre el patrimonio cedido a las comunidades autónomas, impuesto de solidaridad estatal e impuesto de sucesiones variable según la comunidad. El régimen de trabajadores desplazados atenúa sus efectos sin suprimirlos.

Para un francés, la conclusión cabe en una frase: el régimen hace que España sea muy competitiva en las rentas de la actividad durante seis años, y mucho menos en el patrimonio, antes y después. Ambos horizontes deben cuantificarse por separado.