Exit tax: el aplazamiento automático, reservado a la UE

El exit tax grava las plusvalías latentes de los títulos de una persona que traslada su domicilio fiscal fuera de Francia, cuando su valor global alcanza más de 800.000 €¹ o representan al menos el más de 50 %² de los beneficios de una sociedad.

Se aplica a las personas que hayan sido residentes fiscales en Francia durante al menos a partir de 6 años³ en los diez años anteriores al traslado.

El aplazamiento del pago es de pleno derecho y automático cuando el contribuyente se instala en un Estado miembro de la Unión Europea, o en otro Estado del Espacio Económico Europeo que haya celebrado con Francia un convenio de asistencia administrativa para luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

Para cualquier otro destino, el aplazamiento requiere una solicitud expresa, la designación de un representante fiscal en Francia y la constitución de garantías destinadas a asegurar el cobro.

Y esta solicitud debe presentarse a más tardar a partir de 90 días⁴ antes del traslado del domicilio fiscal, para las salidas producidas desde el 22 de noviembre de 2019.

La lógica de esta distinción es sencilla: la administración francesa acepta renunciar a las garantías cuando dispone, gracias al derecho europeo, de los instrumentos jurídicos que le permiten cobrar su crédito en el Estado de acogida. Fuera de ese espacio, exige una garantía porque no tiene medios para actuar.

Esta explicación tiene una consecuencia práctica: lo que cuenta no es la reputación fiscal del país de acogida, sino la existencia de instrumentos de cooperación. Un Estado con fiscalidad elevada situado fuera del Espacio Económico Europeo está sujeto al mismo régimen de garantías que una jurisdicción sin tributación.

Un mismo patrimonio, un mismo contribuyente, una misma fecha: según se marche a Lisboa o a Dubái, no tiene nada que hacer o debe constituir garantías con tres meses de antelación.

Las garantías suponen un coste real: pignoración de títulos, aval bancario, hipoteca. Inmovilizan una parte del patrimonio durante todo el aplazamiento, es decir, 2 años⁵ o 5 años⁶ según que el valor de los títulos sea inferior o superior a 2.570.000 €⁷.

La designación de un representante fiscal en Francia es una obligación adicional, y exige encontrar una persona o entidad que acepte esa responsabilidad.

Esta asimetría explica parte de las decisiones observadas. Con un proyecto de vida comparable, una salida dentro de Europa es mucho más sencilla de organizar, y esa sencillez tiene un valor que pocas comparativas de tipos tienen en cuenta.

El aplazamiento difiere el pago; no suprime el impuesto. Este se condona, o se devuelve si se ha pagado, cuando el contribuyente conserva sus títulos durante el plazo aplicable.

Una venta durante ese plazo hace que el impuesto sea definitivamente exigible, sea cual sea el régimen de aplazamiento del que se haya disfrutado. El automatismo europeo no cambia nada en este punto.

Además, el aplazamiento exige en todos los casos una declaración de las plusvalías latentes el año de la salida y, después, una declaración de seguimiento anual. Su omisión puede hacer que el impuesto sea exigible de inmediato.

No publicamos ni la lista de Estados del Espacio Económico Europeo vinculados con Francia por el convenio exigido, ni las formas de garantía admitidas, ni el tipo impositivo aplicable: no figuran en los extractos que hemos podido verificar.

1. Determinar el destino antes que cualquier otro trámite: es lo que fija el régimen del aplazamiento.
2. Valorar el patrimonio en títulos, en valor y en porcentaje de beneficios sociales.
3. Fuera del Espacio Económico Europeo, presentar la solicitud con más de tres meses de antelación al traslado.
4. Presentar la declaración de plusvalías latentes el año de la salida y, después, los seguimientos anuales.
5. No vender los títulos antes de que expire el plazo de condonación aplicable.

Por último, conviene recordar que el traslado del domicilio se valora según el artículo 4 B del code général des impôts: hogar, residencia principal, actividad, centro de intereses económicos. Una salida mal documentada puede ser cuestionada, lo que deja sin objeto el exit tax pero expone a una regularización de otra naturaleza, y generalmente más amplia.