Islas Caimán: cero impuestos, pero un umbral de entrada elevado

El certificado de residencia para personas con medios propios exige una inversión de 1.000.000 KYD¹, es decir, unos aproximadamente 1.200.000 US$².

Exige además unos ingresos anuales de referencia de aproximadamente 146.000 US$³, lo que acumula un requisito de patrimonio y un requisito de flujo: una combinación poco frecuente en los mecanismos de este tipo.

El certificado se expide por 25 años⁴, lo que lo convierte en uno de los permisos más largos del mundo. Mientras que la mayoría se renuevan cada dos a cinco años, este cubre un cuarto de siglo.

Esta duración ofrece una visibilidad poco común para un proyecto patrimonial a largo plazo, y constituye probablemente el argumento más sólido del mecanismo.

En cambio, una ausencia del territorio de más de 30 días⁵ requiere una tolerancia discrecional de las autoridades, lo que supone una presencia real y continuada.

Existen otras categorías para quienes ejercen una actividad en el territorio o crean una empresa, con requisitos y duraciones diferentes. La descrita aquí se dirige específicamente a las personas que viven de su patrimonio, sin actividad local, lo que la convierte en el equivalente caimanés de una residencia pasiva.

El territorio no aplica ninguna tributación directa: el nivel de tributación es del 0 %⁶. Ni impuesto sobre la renta, ni sobre sociedades, ni sobre plusvalías, ni impuesto sobre sucesiones.

Esta ausencia es antigua y constitutiva del modelo económico del territorio, que se financia con los derechos de aduana, las tasas de registro y los impuestos sobre las transacciones inmobiliarias.

El corolario es un coste de la vida muy elevado: todo se importa y soporta derechos de aduana sustanciales. El ahorro fiscal se paga, por tanto, en gastos corrientes, en proporciones que las comparativas nunca incorporan.

No publicamos ni los tipos de los derechos de aduana, ni los impuestos sobre las transacciones inmobiliarias, ni un presupuesto mensual tipo: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido comprobar.

Además, el territorio ha adoptado, bajo presión internacional, requisitos de sustancia económica para las entidades que ejercen determinadas actividades. La domiciliación sin presencia real ha dejado de funcionar.

La ausencia de tributación local no pone fin al domicilio fiscal francés. Mientras el hogar o el centro de intereses económicos permanezca en Francia, el artículo 4 B del code général des impôts (código general de impuestos francés) sigue aplicándose.

No existe ningún convenio fiscal entre Francia y las Islas Caimán que permita resolver una doble residencia. La única protección reside en la ruptura efectiva y documentada de los vínculos.

Además, una salida hacia el territorio activa la exit tax por encima de más de 800.000 €⁷ en títulos, y el aplazamiento no es automático: exige garantías y un representante fiscal, y debe solicitarse al menos a partir de 90 días⁸ antes del traslado.

Por último, la tenencia de activos o participaciones en una jurisdicción de este tipo conlleva obligaciones declarativas francesas específicas, fuertemente sancionadas en caso de incumplimiento, incluso en ausencia de cualquier renta.

• A un patrimonio capaz de inmovilizar 1.000.000 KYD¹ y de acreditar unos ingresos recurrentes elevados.
• A una persona dispuesta a residir realmente en el territorio, ya que una ausencia prolongada debilita el permiso.
• A un proyecto a largo plazo, ya que la duración de 25 años⁴ es el principal atractivo.
• A una ruptura indiscutible de los vínculos con Francia, a falta de convenio.
• A quien tolere el coste de la vida insular y la exposición a los huracanes.

El caso caimanés ilustra una evolución general: las jurisdicciones sin tributación no han desaparecido, sino que han dejado de ser accesibles a distancia. Lo que ofrecen se dirige ahora a quienes se instalan en ellas, y el umbral de entrada selecciona mucho a ese público. La diferencia con la década anterior no es fiscal: es práctica, y es considerable.