Malta: el régimen non-dom resiste a la presión europea

La fiscalidad maltesa combina dos nociones: la residencia y el domicilio. Una persona residente en Malta pero que no está domiciliada allí solo tributa por sus rentas de fuente maltesa y por sus rentas extranjeras remitidas a Malta.

Este mecanismo, heredado del derecho británico, no es ni una exención ni un tipo reducido: es una regla de base imponible. Lo que permanece fuera de Malta queda fuera del impuesto maltés.

La noción de domicilio, distinta de la de residencia, es una noción de derecho civil difícil de trasladar. En principio, un francés conserva su domicilio de origen salvo manifestación duradera de una voluntad contraria, lo que hace accesible el estatuto.

Es también lo que lo hace frágil si la situación está mal documentada: el beneficio del régimen no se deriva de una solicitud que haya que presentar, sino de una situación de hecho, cuya prueba corresponde al contribuyente.

El Reino Unido puso fin a su propio estatuto non-dom, lo que alimentó la idea de que los regímenes comparables estaban condenados. La comparación merece matizarse.

El estatuto británico se había convertido en un asunto político de primer orden, asociado a patrimonios muy elevados y a un debate nacional sobre la equidad fiscal. El régimen maltés no tiene esa visibilidad.

Sobre todo, la base de remesa maltesa forma parte del derecho común aplicable a todo residente no domiciliado, y no de un mecanismo de atracción reservado a los recién llegados. Su supresión exigiría una reforma del sistema, no el cierre de una ventanilla.

Esto no significa que sea intocable. Malta ha visto cómo se cuestionaban varios de sus mecanismos a nivel europeo, y su programa de ciudadanía por inversión fue objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta atención institucional es duradera. Hace que los mecanismos de atracción malteses sean más inestables que en otros lugares, pero hasta ahora ha dejado intacto el régimen fiscal de derecho común.

No exime de salir de Francia. La base de remesa solo surte efecto tras un traslado efectivo de la residencia fiscal, apreciado según el artículo 4 B del code général des impôts y según el convenio franco-maltés.

Una residencia maltesa formal, sin una presencia real, no puede oponerse a la administración francesa. En cambio, al ser Malta miembro de la Unión Europea, el aplazamiento del exit tax (fiscalidad de salida) es automático.

El régimen tampoco cubre las rentas remitidas. Un residente que trajera sus rentas extranjeras a Malta para vivir allí las haría imponibles: es la principal limitación práctica del mecanismo.

No publicamos ni la escala maltesa, ni el tipo aplicable a las rentas extranjeras remitidas, ni el impuesto mínimo anual exigido a determinados residentes no domiciliados: estas cifras no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido verificar.

1. Pedir a un asesor maltés que determine el alcance de la base de remesa en la propia situación, antes de cualquier reorganización.
2. Organizar los flujos: lo que entra en Malta pasa a ser imponible, lo que se queda fuera no.
3. Documentar la realidad de la presencia en Malta: vivienda, estancias, vínculos.
4. Comprobar el impuesto mínimo anual que pueda exigirse, que condiciona el coste mínimo del régimen.
5. Tratar la salida de Francia según sus propios criterios y según el convenio franco-maltés.

Por último, hay que recordar que Malta no es barata. El coste de la vivienda ha aumentado mucho, el archipiélago depende por completo de la importación, incluso para el agua, producida por desalinización, y su densidad de población es de las más elevadas del mundo. La ventaja fiscal es real; el entorno de vida se juzga por separado, y no conviene a todo el mundo.