Panamá: el inmobiliario dolarizado tranquiliza a los inversores

Panamá utiliza el dólar estadounidense como moneda de curso. Un presupuesto o una inversión denominados en dólares están, por tanto, libres de todo riesgo de cambio.

Es una ventaja práctica considerable, y distingue al país de la mayoría de sus vecinos de Centroamérica, cuyas monedas son más volátiles.

Para un inversor europeo, en cambio, la exposición se mantiene íntegra: simplemente se desplaza de la moneda local al dólar, cuya paridad con el euro varía.

La legibilidad de los precios es un segundo efecto, menos medible pero real: un mercado dolarizado se analiza con las mismas referencias que un mercado norteamericano, lo que reduce el coste de la información para un comprador internacional.

Conviene precisar algo: Panamá no dispone de un banco central emisor y, por tanto, no tiene ninguna palanca monetaria. Su estabilidad monetaria no es fruto de una política sino de una renuncia, lo que la hace muy sólida y priva al país de todo instrumento en caso de crisis.

La adquisición por un extranjero es libre, sin autorización previa, salvo en el caso de los terrenos situados cerca de las fronteras. El registro público panameño está estructurado y los títulos son claros.

Una distinción técnica merece, sin embargo, atención: coexisten bienes con título de propiedad inscrito y bienes llamados de derechos posesorios, sin título.

Los segundos se venden más baratos y exponen a dificultades de financiación y de reventa. Algunos no pueden hipotecarse, y su regularización es larga e incierta.

La comprobación de la situación jurídica del bien precede, por tanto, a toda negociación, y se hace en el registro con un asesor independiente del vendedor.

Es el error más costoso del mercado panameño, y afecta a una distinción que no existe en el derecho francés, lo que explica que se les escape a compradores por lo demás avezados.

No publicamos ni los impuestos de transmisión panameños, ni el impuesto sobre bienes inmuebles, ni las exenciones temporales aplicables a las construcciones nuevas: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido comprobar.

La adquisición de un bien con un valor de al menos aproximadamente 200.000 US$¹ abre una vía de residencia.

Parte de la oferta está, por tanto, calibrada justo por encima de este umbral, y conviene asegurarse de que el valor considerado por la administración corresponde efectivamente al de la escritura.

El permiso de residente jubilado constituye una vía distinta, abierta a las personas que acrediten una pensión mensual de al menos a partir de 1000 US$² —uno de los umbrales más bajos del mundo— y acompañada de reducciones legales en numerosos servicios.

El mercado está dominado por Ciudad de Panamá, cuyo parque de torres residenciales es importante y cuya liquidez depende en gran medida de la demanda regional. Las zonas de montaña y las costas atraen a una clientela de jubilados extranjeros, en mercados más estrechos.

• La dolarización elimina el riesgo de cambio en dólares, no la exposición euro-dólar.
• La naturaleza del derecho —título inscrito o derechos posesorios— se comprueba antes de cualquier negociación.
• Parte de la oferta está calibrada en el umbral de residencia: el valor considerado debe corresponder a la escritura.
• La apertura de una cuenta bancaria local es larga y exige mucha documentación, al contrario de la reputación del país.
• La territorialidad protege la fuente extranjera de la renta, no a la persona que la percibe.

Panamá ha sido objeto de un seguimiento internacional constante en materia de transparencia, y las obligaciones de cumplimiento que pesan sobre sus bancos se han reforzado considerablemente. Un proyecto panameño se construye hoy, por tanto, sobre la documentación y la verificación, lo que sigue siendo compatible con una ventaja fiscal real, pero impide razonar como hace veinte años.