Panamá: la territorialidad pura sigue atrayendo a los empresarios

Panamá grava las rentas de fuente panameña. Las rentas cuya fuente está en el extranjero no forman parte de la base imponible, aunque las perciba un residente.

Esta regla no es un régimen de atracción limitado en el tiempo: estructura el sistema fiscal panameño desde siempre y explica la presencia del centro bancario, del pabellón marítimo y de las empresas de servicios.

Su solidez se debe precisamente a este carácter estructural. Cerrar un régimen especial es una decisión política aislada; abandonar una territorialidad exige una reforma completa del sistema, algo de otro orden.

Pero la territorialidad protege la fuente, no a la persona. Una renta obtenida por un servicio prestado desde Panamá requiere un análisis propio, y la frontera entre renta de fuente extranjera y renta generada localmente es el verdadero tema técnico de los expedientes panameños.

Un consultor que se instala en Panamá y factura a clientes europeos desde Ciudad de Panamá se encuentra exactamente en esa frontera. El cliente es extranjero, pero el servicio se presta en territorio panameño.

No publicamos la doctrina panameña sobre la vinculación territorial de los servicios prestados desde Panamá a clientes extranjeros: no figura en las fuentes oficiales que hemos podido verificar. Sin embargo, es el punto decisivo, y debe asegurarse con un asesor panameño antes de la instalación.

Esta laguna debe tomarse en serio. De la respuesta depende lo esencial del interés del proyecto: si el servicio es de fuente panameña, la renta es imponible y la territorialidad no protege nada.

Tampoco publicamos la escala panameña del impuesto sobre la renta, ni los tipos aplicables a las sociedades, a los dividendos y a las plusvalías: no figuran en nuestras fuentes verificadas. Es una laguna real para quien perciba rentas de fuente panameña.

Un empresario que estructura su actividad de modo que el servicio se preste fuera de Panamá se sitúa, en cambio, en una situación más clara, pero entonces debe residir en otro lugar, lo que vacía el proyecto de su sentido.

El permiso de residente permanente en calidad de jubilado exige una pensión mensual de al menos a partir de 1000 US$¹, uno de los umbrales más bajos del mundo, acompañado de descuentos legales en numerosos servicios.

Existe una vía de inversión inmobiliaria a partir de aproximadamente 200.000 US$².

Existe un régimen distinto para los nacionales de países que mantienen relaciones privilegiadas con Panamá, con condiciones propias que se refieren, en particular, a un depósito o una inversión de 200.000 US$³.

La apertura de una cuenta bancaria local es, en cambio, larga y muy documentada. Las obligaciones de cumplimiento normativo se han reforzado considerablemente tras el seguimiento internacional al que ha estado sometido el país, y la antigua fama de facilidad ya no corresponde a la práctica.

Estas tres vías conducen a un derecho de residencia, no a la nacionalidad, y ninguna conlleva por sí misma la residencia fiscal panameña. Esta obedece a sus propios criterios, y su obtención exige un trámite distinto, de cuyo resultado depende cualquier invocación de un convenio.

1. Hacer calificar la fuente de las propias rentas con un asesor panameño antes de cualquier instalación.
2. Anticipar la apertura de una cuenta bancaria, larga y documentada.
3. Preparar en Francia los documentos de estado civil y de antecedentes penales, apostillados y traducidos.
4. En caso de compra, comprobar la naturaleza del derecho: título inscrito o derechos posesorios sin título.
5. Tratar la salida de Francia según sus propios criterios: la territorialidad panameña no resuelve nada por ese lado.

Por último, el dólar estadounidense circula como moneda en Panamá, lo que elimina el riesgo de cambio para un presupuesto en dólares y hace que los precios se entiendan de inmediato. Es una ventaja práctica considerable, y distingue al país de la mayoría de sus vecinos de Centroamérica.