Portugal: los poseedores de criptoactivos aprovechan el 0 % a largo plazo

El derecho portugués distingue, para las plusvalías derivadas de la transmisión de activos digitales, según que la tenencia haya durado más o menos que un periodo de referencia.

Este periodo es de más de 365 días¹. Por encima de él, la plusvalía recibe un tratamiento propio; por debajo, se rige por el régimen general de las plusvalías mobiliarias.

Esta regla de duración es lo que ha dado fama a Portugal entre los poseedores de activos digitales, y es efectivamente más favorable que el tratamiento francés, que no distingue según la duración.

No publicamos ni el tipo aplicable a las transmisiones por debajo de esa duración, ni la lista de excepciones previstas (en particular para los activos asimilados a valores, para las actividades profesionales y para las transmisiones hacia jurisdicciones de tributación privilegiada): no figuran en los extractos que hemos podido verificar.

Estas excepciones son importantes y reducen notablemente el alcance del régimen. En particular, una actividad de negociación reiterada puede calificarse de actividad profesional y regirse por un tratamiento completamente distinto.

Hay que distinguir tres operaciones que el lenguaje corriente confunde: la transmisión a cambio de moneda de curso legal, que es el hecho imponible habitual; el intercambio de un activo digital por otro, cuyo tratamiento difiere según las jurisdicciones; y la percepción de rendimientos procedentes de la minería o la validación, que pertenecen a una categoría distinta.

Un poseedor activo suele realizar las tres, a menudo sin saberlo, por lo que su tributación no se deduce de una regla única. Eso es lo que hace necesario el asesoramiento local, mucho más que la elección del país en sí.

El régimen solo se aplica a un residente fiscal portugués. Esta condición se adquiere, en particular, por una presencia de más de más de 183 días² en el año, o por la disposición de una vivienda en condiciones que hagan presumir la intención de mantenerla como residencia habitual.

Un contribuyente que mantuviera su hogar en Francia seguiría estando domiciliado allí en el sentido del artículo 4 B del code général des impôts, y el régimen portugués no le sería oponible.

Además, la salida puede activar el exit tax (fiscalidad de salida) francés, que afecta a los títulos con un valor global de al menos más de 800.000 €³ en el caso de las personas que hayan sido residentes durante al menos a partir de 6 años⁴ de los últimos diez años.

No publicamos la posición de la administración francesa sobre la inclusión de los activos digitales en la base del exit tax: no figura en los extractos que hemos podido verificar, y debe establecerse con un asesor antes de cualquier salida.

En cambio, al pertenecer Portugal a la Unión Europea, el aplazamiento del pago es automático, lo que simplifica considerablemente el procedimiento respecto a una salida hacia un destino de fuera de Europa.

El régimen de atracción vigente, sucesor del estatuto de residente no habitual, aplica un tipo especial del 20 %⁵ a los rendimientos de actividad que cumplan los requisitos durante 10 años⁶, siempre que se acrediten a partir de 5 años⁷ de no residencia previa.

No obstante, está reservado a funciones cualificadas y exige una solicitud en un plazo breve. No está pensado para cubrir rentas puramente patrimoniales.

La escala ordinaria va del a partir de 12,5 %⁸ al 48 %⁹, y los dividendos soportan un tipo liberatorio del 28 %¹⁰.

Por último, se aplica un tipo liberatorio del 35 %¹¹ a las rentas procedentes de una jurisdicción de tributación privilegiada, lo que afecta directamente a determinadas plataformas de activos digitales.

• La distinción por el periodo de tenencia es real, con un umbral de más de 365 días¹.
• Presenta excepciones, en particular para las actividades profesionales de negociación.
• Solo se aplica a un residente fiscal portugués, lo que supone una salida efectiva de Francia.
• El aplazamiento del exit tax es automático hacia Portugal, miembro de la Unión Europea.
• Las rentas procedentes de una jurisdicción de tributación privilegiada soportan un 35 %¹¹.

Además, el intercambio automático de información se extiende progresivamente a los proveedores de servicios de activos digitales, y se ha adoptado un marco europeo en este sentido. La discreción práctica de la que el sector se benefició durante mucho tiempo se reduce, y el cumplimiento declarativo se convierte en el tema principal, incluso antes que la elección de una jurisdicción.