Residencia fiscal: los cuatro criterios del artículo 4 B del CGI

El primero es el hogar. Designa el lugar donde la persona y su familia viven normalmente, es decir, el lugar de residencia habitual, con independencia de las estancias realizadas en otro lugar por motivos profesionales o excepcionales.

El segundo es el lugar de estancia principal, que se tiene en cuenta cuando no puede determinarse el hogar. Se valora comparando la duración de la presencia en Francia con la pasada en cada uno de los demás Estados.

El tercero es el ejercicio en Francia de una actividad profesional, salvo que se ejerza allí con carácter accesorio.

El cuarto es el centro de intereses económicos: el lugar de las principales inversiones, de la sede de los negocios, o aquel desde el que la persona administra sus bienes y obtiene la mayor parte de sus ingresos.

Estos cuatro criterios son alternativos. Basta con uno solo para determinar el domicilio fiscal en Francia, y eso es lo que ignoran la mayoría de quienes se plantean marcharse.

Una precisión útil para las parejas: el domicilio se valora persona por persona, y no por unidad familiar a efectos fiscales. Por tanto, es jurídicamente posible que un cónyuge esté domiciliado en Francia y el otro en el extranjero, con las consecuencias declarativas que ello conlleva.

Esta situación, frecuente cuando solo un miembro de la pareja se expatría por motivos profesionales, requiere un tratamiento específico. Es también una de las configuraciones en las que el criterio del hogar juega más claramente en contra del contribuyente que se cree ya fuera.

El razonamiento más extendido consiste en contar los días y concluir que, pasando menos de la mitad del año en Francia, uno deja de estar domiciliado allí. Ese razonamiento es erróneo.

El lugar de estancia principal es solo el segundo criterio, y únicamente se examina si no puede determinarse el hogar. Un cónyuge e hijos que permanecen en Francia bastan para establecer el hogar, sea cual sea la presencia del interesado.

Del mismo modo, un directivo cuya sociedad operativa y cuyos principales activos siguen siendo franceses conserva en Francia su centro de intereses económicos, aunque viva en el extranjero todo el año.

Los umbrales extranjeros tampoco protegen. Portugal, España e Italia aplican más de 183 días¹, Tailandia 180 días² y Suiza 90 días³ sin actividad lucrativa: superar uno de ellos crea una doble residencia, no elimina la francesa.

Cuando dos Estados reclaman a la misma persona, el convenio celebrado entre ellos dirime la cuestión mediante criterios que se aplican por orden.

El primero es la vivienda permanente. Si la persona dispone de ella en ambos Estados, se atiende al centro de sus intereses vitales, es decir, a los vínculos personales y económicos más estrechos.

Si ese centro no puede determinarse, se atiende a la estancia habitual, después a la nacionalidad y, en último término, a un acuerdo amistoso entre las administraciones.

Una vivienda conservada y disponible todo el año en Francia pesa, por tanto, desde el primer criterio, y a menudo es ella la que inclina un expediente, más que el número de días.

Además, hay que poder invocar el convenio, lo que exige un certificado de residencia fiscal expedido por el Estado de acogida. Un permiso de residencia, aunque sea de larga duración, no lo sustituye.

1. La vivienda: vender o alquilar de forma duradera la vivienda francesa, o documentar que no está disponible.
2. La familia: el traslado del cónyuge y la escolarización de los hijos pesan más que todo lo demás.
3. La actividad: lugar de ejercicio efectivo, contratos, clientes, decisiones.
4. Los intereses económicos: localización de los activos, de las cuentas y de las fuentes de ingresos.
5. El certificado de residencia fiscal del país de acogida, sin el cual el convenio no surte efecto.

Por último, la salida activa la exit tax cuando los títulos alcanzan más de 800.000 €⁴ o el más de 50 %⁵ de los beneficios de una sociedad, para una persona que haya sido residente durante al menos a partir de 6 años⁶ en los últimos diez años. Fuera del Espacio Económico Europeo, la solicitud de aplazamiento se presenta al menos a partir de 90 días⁷ antes del traslado.