Expatriarse a Granada en 2026: pasaporte por inversión y acceso al visado E-2 (EE. UU.)

La ley tributaria granadina define al residente, para un ejercicio fiscal, mediante una combinación de criterios relativos a la presencia y al domicilio, fijándose el umbral de presencia en 183 días².

La escala del impuesto sobre la renta es corta e incluye un primer tramo exento, de 0 %³, en concepto de una reducción aplicada a la remuneración acumulada. A partir de ese importe, las personas físicas tributan según una escala progresiva.

Esta escala debe leerse por lo que es: una fiscalidad concebida para los ingresos de actividad local. No constituye un argumento de atractivo para un expatriado con ingresos elevados, y no es por ella por lo que Granada atrae.

No publicamos tipos sobre las plusvalías ni sobre las sucesiones. Con frecuencia se afirma que en Granada no existe imposición sobre ellas; no hemos encontrado ninguna página oficial que lo establezca de forma explícita y fechada, y no recogemos una afirmación que no hemos podido verificar.

Al igual que en los demás Estados del Caribe oriental, el punto decisivo para un francés no es el derecho interno granadino, sino la salida del domicilio fiscal francés. Mientras el hogar o el centro de los intereses económicos permanezca en Francia, el artículo 4 B del código general de impuestos (code général des impôts) sigue aplicándose, sea cual sea la nacionalidad adquirida.

La fiscalidad indirecta —impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales sobre los productos importados— constituye una parte importante de los ingresos. Para un residente efectivo, pesa sobre el coste de la vida mucho más que la escala del impuesto sobre la renta.

Granada administra un programa de ciudadanía por inversión gestionado por una agencia específica, la Investment Migration Agency, que publica sus tarifas.

El fondo de transformación nacional

La vía de la donación supone una contribución al National Transformation Fund de 235.000 US$⁴ para un solicitante individual. El mismo importe se aplica a la pareja formada por el solicitante principal y su cónyuge.

Conviene señalar esta estructura de tarifas: el coste marginal de un cónyuge es nulo hasta cierto punto, lo que hace que la opción sea claramente más ventajosa para una pareja que para una persona soltera, en relación con el número de beneficiarios.

La vía inmobiliaria

La opción inmobiliaria supone una inversión en un proyecto autorizado, cuyo importe mínimo aplicable a un solicitante individual se sitúa en a partir de 270.000 US$⁵ según la fórmula elegida, a lo que se añaden tasas estatales.

Lo que distingue a Granada

Un elemento diferencia este programa de sus competidores regionales: Granada es parte de un tratado con Estados Unidos que permite a sus nacionales solicitar un visado de inversor de tipo E-2. Por este motivo, una parte de la demanda procede de candidatos cuyo objetivo final no es Granada, sino una instalación profesional en Estados Unidos.

Esta vía exige, no obstante, cumplir además todas las condiciones propias del visado estadounidense: inversión sustancial, empresa real, intención de regresar. La ciudadanía granadina es solo la condición previa, nunca la garantía.

Las tasas estatales, los gastos de verificación previa y los importes aplicables a las familias numerosas no se recogen aquí: no figuran de forma completa en nuestros extractos y deben solicitarse a un agente autorizado.

La adquisición por parte de un extranjero requiere en principio una licencia de tenencia de bienes inmuebles (land holding licence), salvo en el marco del programa de ciudadanía, que conlleva su propio régimen.

El mercado abierto a los candidatos está formado por proyectos autorizados, principalmente hoteleros o de residencias gestionadas, cuya reventa se dirige con mayor frecuencia a otro candidato al programa. La liquidez depende, por tanto, de la continuidad del dispositivo y no de la demanda local.

Por lo general se impone un período mínimo de tenencia antes de que una reventa pueda, a su vez, dar derecho a la ciudadanía. Esta duración inmoviliza el capital y debe integrarse en el plan de tesorería, al igual que el importe invertido.

Los costes de tenencia insulares —seguro contra riesgos climáticos, mantenimiento en clima tropical, gestión a distancia— pesan además sobre la rentabilidad neta más que un diferencial de impuestos.

No publicamos ni los derechos de transmisión granadinos, ni el impuesto sobre bienes inmuebles, ni la duración mínima de tenencia impuesta a los bienes adquiridos por la vía del programa: no figuran en nuestras fuentes.

Granada es una pequeña economía insular en gran medida importadora. Los alimentos procesados, los equipos y los combustibles llegan por barco, y su precio incorpora el flete y los impuestos especiales.

No publicamos un presupuesto mensual tipo: no hemos encontrado ninguna serie oficial granadina que mida una cesta de gasto comparable a la de un expatriado.

Tres partidas dominan el presupuesto de un residente efectivo. La electricidad, producida a partir de combustibles importados. La sanidad, donde los casos graves implican una evacuación a un centro regional, lo que hace indispensable el seguro internacional. Y la escolaridad, en el caso de un currículo internacional.

En cambio, la isla produce sus especias, sus frutas y una parte de su pescado: la alimentación local fresca es barata, y la diferencia con Europa depende por completo de lo que se elija consumir.

Al igual que en los demás programas caribeños, la cuestión no se plantea, sin embargo, para la mayoría de los titulares: no residen allí. Granada se distingue aquí de sus vecinos por la ausencia de obligación de presencia, lo que la convierte en una ciudadanía puramente patrimonial.

1. Recurrir a un agente autorizado, ya que no está prevista la presentación directa;
2. elegir entre donación e inmobiliario según la composición del hogar y el horizonte de tenencia: la donación se pierde definitivamente, mientras que la inversión queda inmovilizada y es potencialmente recuperable;
3. presupuestar el conjunto —contribución o inversión, tasas estatales, verificación previa, honorarios— y no solo el umbral anunciado;
4. si el objetivo es el visado estadounidense E-2, hacer validar previamente, mediante un asesoramiento competente, que el proyecto profesional previsto es elegible;
5. tratar la salida de Francia como un expediente distinto: la nacionalidad no equivale a una transferencia de residencia fiscal.

El cuarto punto es el que más a menudo decepciona. Obtener la ciudadanía granadina es un procedimiento bien delimitado; obtener un E-2 estadounidense es un examen discrecional sobre un proyecto empresarial. Ambos no tienen ni la misma dificultad ni la misma previsibilidad.

No publicamos plazos de tramitación: no disponemos de una fuente oficial cifrada y fechada para el programa granadino.

• La ciudadanía no conlleva ni residencia fiscal ni la salida del domicilio fiscal francés.
• El acceso al visado estadounidense E-2 es una posibilidad abierta por el tratado, nunca un derecho: supone un expediente empresarial examinado por separado.
• El bien adquirido por la vía del programa se negocia en un submercado cuya liquidez depende del propio programa.
• Los importes anunciados no son el coste completo: se añaden las tasas estatales, la verificación y los honorarios.
• El pasaporte granadino da acceso a aproximadamente 148⁶ sin visado, claramente menos que un pasaporte de la Unión Europea.

Por último, los programas del Caribe oriental son objeto de una presión internacional continua: aumento coordinado de los umbrales, requisitos de verificación reforzados, revisión periódica de las exenciones de visado por parte de socios importantes. Para un francés, el interés de un pasaporte granadino no reside, por tanto, ni en la movilidad, que empeora, ni en la fiscalidad, que no resuelve: radica en el tratado con Estados Unidos, y solo en él. Es en este punto donde debe juzgarse la operación.