Italia eleva la flat tax de los nuevos residentes a 300.000 € al año

El régimen italiano de los llamados «nuevos residentes» no es una novedad. Figura en el artículo 24-bis del Texto único de los impuestos sobre la renta, el TUIR, introducido por la ley de presupuestos para 2017 (legge n. 232/2016, artículo 1, comma 152) y aplicable desde el 1 de enero de 2017. Su principio cabe en una frase: una persona que establece su residencia fiscal en Italia puede optar por pagar, sobre la totalidad de sus rentas de fuente extranjera, un impuesto anual a tanto alzado en lugar de la escala progresiva.

Lo que modifica la ley de presupuestos para 2026 no es ni la forma del régimen ni su perímetro: es su precio. La legge n. 199/2025, artículo 1, commi 25 y 26, eleva el importe de la imposta sostitutiva. Es la segunda revisión en menos de dos años: el decreto-ley n. 113/2024, en agosto de 2024, ya había aplicado una subida.

El nuevo importe se aplica, según la Agenzia delle Entrate, «a las personas físicas que trasladan su residencia fiscal al territorio del Estado a partir del 1 de enero de 2026». El hecho determinante no es, por tanto, ni la fecha de la opción ni la de la declaración: es la fecha en la que la residencia fiscal pasa a Italia.

Este mecanismo tiene una consecuencia directa para quien preparaba una salida: un traslado de residencia producido antes de finales de 2025 y un traslado producido en enero de 2026 no se rigen por la misma tarifa, aunque la opción se ejerciera en la misma declaración.

El impuesto anual a tanto alzado que debe pagar el contribuyente principal pasa a 300.000 €¹. Por cada miembro de la familia al que se extiendan los efectos de la opción, el importe es de 50.000 €² al año.

La tarifa sigue así una progresión en tres etapas:

• traslados de residencia hasta el 10 de agosto de 2024: 100.000 €³ al año;
• traslados del 11 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025: 200.000 €⁴ al año;
• traslados a partir del 1 de enero de 2026: 300.000 €¹ al año.

El tanto alzado sigue siendo un tanto alzado: se debe cualquiera que sea el importe de las rentas extranjeras, lo que lo hace indiferente al nivel de patrimonio por encima de cierto umbral, y tanto más gravoso por debajo. El punto de equilibrio respecto a la escala ordinaria, cuyo tipo marginal máximo alcanza el 43 %⁵, se calcula caso por caso, y se desplaza automáticamente hacia arriba con cada subida.

El acceso al régimen está cerrado a quien ya vivía en Italia. El requisito que establece el artículo 24-bis es una no residencia fiscal de al menos a partir de 9 años⁶ de los diez periodos impositivos anteriores al inicio de la validez de la opción. Un antiguo residente italiano que se haya ido tres años no tiene, por tanto, derecho a él; un expatriado de larga duración, sí.

Una vez ejercida, la opción tiene una validez máxima de 15 años⁷ a partir del primer periodo impositivo de validez. Se prorroga tácitamente de año en año, salvo revocación o concurrencia de una causa de cese.

La adhesión al régimen se realiza en la declaración de la renta correspondiente al periodo impositivo en el que se trasladó la residencia. No existe un formulario de autorización previa obligatorio.

No obstante, antes de ejercer la opción, el contribuyente puede dirigir una solicitud de interpello a la Divisione Contribuenti de la Agenzia delle Entrate. Esta vía tiene un interés práctico: permite obtener confirmación, antes de comprometerse, de que se cumple el requisito de no residencia previa y de que las rentas afectadas entran efectivamente en el ámbito del tanto alzado. Las modalidades de ejercicio, modificación y revocación de la opción, así como las del pago, se fijan en un acto administrativo de 8 de marzo de 2017.

El pago se efectúa de una sola vez, en el vencimiento previsto para la cuota diferencial del impuesto sobre la renta. Para una salida desde Francia, la cuestión previa sigue siendo la misma que en otros lugares: la residencia fiscal debe trasladarse realmente en el sentido del convenio aplicable; de lo contrario, el tanto alzado italiano chocará con una tributación francesa que se mantiene.

La principal cuestión abierta se refiere a quienes ejercieron la opción con anterioridad. La página de la Agenzia delle Entrate consultada el 26 de septiembre de 2026 indica a quién se aplica el nuevo importe (los traslados a partir del 1 de enero de 2026), pero no dice explícitamente qué ocurre con los contribuyentes que ejercieron la opción antes de esa fecha y cuyo periodo de validez sigue en curso. La redacción adoptada sugiere que conservan la tarifa vigente en el momento de su traslado; a esa fecha, no hemos encontrado ningún pronunciamiento expreso de la administración sobre este punto.

La lista precisa de las rentas excluidas del tanto alzado no se detalla en la página consultada, por lo que no la reproducimos aquí. Debe comprobarse en el texto del artículo 24-bis del TUIR y en los actos de aplicación antes de tomar cualquier decisión.

Por último, la frecuencia de las revisiones es en sí misma un dato que hay que tener en cuenta: dos subidas en menos de dos años, mediante dos textos presupuestarios sucesivos, significan que un plan construido a quince años descansa sobre una tarifa que el legislador ha demostrado saber modificar. El importe queda fijado para quien ya ha trasladado su residencia; no lo está para quien todavía duda.