Malta: el régimen non-dom y el GRP siguen siendo atractivos

La fiscalidad maltesa combina residencia y domicilio. Una persona residente en Malta pero no domiciliada allí solo tributa por sus rentas de fuente maltesa y por sus rentas extranjeras repatriadas a Malta.

Este mecanismo, heredado del derecho británico, no es ni una exención ni un tipo reducido: es una regla de base imponible. Lo que queda fuera de Malta queda fuera del impuesto maltés.

El concepto de domicilio, distinto del de residencia, es un concepto de derecho civil difícil de trasladar. Un francés conserva en principio su domicilio de origen salvo manifestación duradera de una voluntad contraria.

El acceso al régimen no se deriva, por tanto, de una solicitud sino de una situación de hecho, cuya prueba corresponde al contribuyente. Eso es lo que lo hace accesible, y frágil si la situación está mal documentada.

Al formar parte del régimen general aplicable a todo residente no domiciliado, esta regla es más estable que un régimen de atracción: su supresión exigiría una reforma del sistema, no el cierre de una ventanilla.

La agencia Residency Malta gestiona un programa de residencia permanente destinado a nacionales de terceros países. Sus condiciones económicas son públicas.

El solicitante abona unas tasas administrativas no reembolsables de 60.000 €¹ y una contribución gubernamental de 37.000 €², a las que se suman 7500 €³ por cada persona adulta a cargo, salvo el cónyuge.

El requisito inmobiliario se cumple mediante el alquiler de un inmueble admisible por una renta anual de al menos a partir de 14.000 €⁴, o mediante su adquisición por un valor mínimo de 375.000 €⁵.

A ello se añaden una donación obligatoria de 2000 €⁶ a una organización no gubernamental local y la acreditación de activos de capital de al menos a partir de 500.000 €⁷, de los cuales una parte en activos financieros.

Las tasas y contribuciones, no reembolsables y sin contrapartida patrimonial, representan por sí solas una suma considerable, independiente de la inversión inmobiliaria. Comparar Malta con otro régimen solo por el umbral inmobiliario subestima, por tanto, claramente su coste.

La base de remesa es un régimen fiscal general; el programa de residencia es un régimen de atracción de pago. El primero no se compra; el segundo no confiere por sí mismo ninguna ventaja fiscal.

Para un ciudadano francés, además, el segundo carece de objeto: la libre circulación le permite residir en Malta sin requisito de inversión. Solo le afecta la base de remesa.

Malta ha visto cómo varios de sus regímenes se cuestionaban a escala europea, y su programa de ciudadanía por inversión fue objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta atención institucional hace que los regímenes de atracción malteses sean más inestables que en otros lugares, pero hasta ahora ha dejado intacto el régimen fiscal general. Es un argumento para construir sobre el primero y no sobre los segundos.

No publicamos ni la escala maltesa, ni el tipo aplicable a las rentas extranjeras repatriadas, ni el impuesto mínimo anual exigido a ciertos residentes no domiciliados: estas cifras no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido verificar.

1. Pedir a un asesor maltés que determine el alcance de la base de remesa en la propia situación.
2. Organizar los flujos: lo que entra en Malta pasa a tributar; lo que se queda fuera, no.
3. Documentar la realidad de la presencia en Malta: vivienda, estancias, vínculos.
4. Comprobar el impuesto mínimo anual que pueda exigirse, que fija el coste mínimo del régimen.
5. Tratar la salida de Francia según sus propios criterios y según el convenio fiscal franco-maltés.

Por último, Malta no es barata. El coste de la vivienda ha aumentado mucho, el archipiélago depende por completo de las importaciones, incluso para el agua, que se obtiene por desalinización, y su densidad de población está entre las más altas del mundo. La ventaja fiscal es real; el entorno de vida debe valorarse por separado.