Expatriarse a las Bahamas en 2026: cero impuestos, residencia mediante inmuebles y entorno insular

Las Bahamas nunca han establecido un impuesto sobre la renta de las personas físicas. Así lo atestigua la lista de tributos gestionados por el Department of Inland Revenue: impuesto sobre el valor añadido, licencia de actividad, impuesto sobre bienes inmuebles y derechos de timbre, sin ninguna partida dedicada a la renta.

No publicamos el tipo bahameño del impuesto sobre el valor añadido, ni los tramos del impuesto sobre bienes inmuebles, ni los derechos de timbre aplicables a las transmisiones inmobiliarias: no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido consultar y verificar. Sin embargo, son los tributos que realmente pesan sobre un residente, y deben verificarse con el Department of Inland Revenue.

Esta laguna merece destacarse tanto más cuanto que el argumento comercial del país —la ausencia de impuesto sobre la renta— oculta una fiscalidad indirecta real. Un hogar residente paga el impuesto sobre el consumo en la mayor parte de sus gastos, en un país donde casi todo se importa, así como un impuesto anual sobre bienes inmuebles por su vivienda.

Sociedades

Las Bahamas no gravan los beneficios de las sociedades: el tipo aplicable es del 0 %², y solo se exige la licencia de actividad, basada en la cifra de negocios.

Se ha introducido una excepción. El impuesto complementario mínimo nacional se aplica a los grupos multinacionales cuya cifra de negocios consolidada alcanza el umbral definido por las normas internacionales, con el fin de garantizar un nivel mínimo de tributación. Las estructuras pequeñas quedan expresamente excluidas.

Este texto marca una ruptura. Las Bahamas basaron durante mucho tiempo su modelo en la ausencia total de tributación de los beneficios; ahora han incorporado a su derecho un impuesto sobre los beneficios, aunque limitado a los grandes grupos. Es la dirección que han tomado todas las jurisdicciones comparables.

Para un francés, la regla se mantiene: la ausencia de impuesto local no pone fin al domicilio fiscal francés. Mientras el hogar o el centro de intereses económicos permanezca en Francia, se aplica el artículo 4 B del code général des impôts, y las Bahamas no han celebrado con Francia un convenio para evitar la doble imposición que permita descartar su efecto.

La estancia de larga duración en las Bahamas pasa principalmente por la residencia permanente, que el departamento de inmigración concede, entre otros supuestos, por inversión.

La llamada residencia permanente económica exige una inversión mínima de a partir de 1.000.000 US$³, es decir, unos aproximadamente 1.000.000 €⁴, realizada bien en inmuebles, bien mediante la adquisición de bonos cupón cero emitidos por el banco central de las Bahamas.

En ambos casos, el activo debe conservarse durante un periodo mínimo de a partir de 10 años⁵. Esta condición de tenencia es el punto que más a menudo se omite en las presentaciones comerciales: inmoviliza el capital durante una década entera.

Además, el umbral se elevó el 1 de enero de 2025; antes se situaba en un nivel claramente inferior. La documentación anterior a esa fecha está, por tanto, desfasada, lo que exige verificar sistemáticamente la fecha de las fuentes consultadas.

Existe una vía distinta para los propietarios de una vivienda: el gobierno indica que la compra de una vivienda con un valor de al menos 1.500.000 US$⁶ da acceso a una tramitación acelerada del expediente. Se trata de una prioridad de tramitación, no de un derecho automático.

El certificado de residencia permanente otorga el derecho a residir y, según los términos concedidos, a trabajar. Es una diferencia notable respecto a los regímenes de residencia por inversión que excluyen el acceso al mercado laboral local.

Las tasas de solicitud, los derechos exigibles y los plazos de tramitación bahameños no figuran en las fuentes que hemos podido consultar: no los cuantificamos.

La adquisición por parte de un extranjero es posible y está regulada por la legislación sobre inversión internacional. La compra de una vivienda da lugar a un registro ante la comisión competente, y se requiere una autorización previa por encima de ciertas superficies o para un uso de alquiler.

El mercado está muy segmentado geográficamente. New Providence, donde se encuentra Nasáu, y Paradise Island concentran la mayor parte de la liquidez; Gran Bahama sigue una trayectoria propia; las islas periféricas forman mercados estrechos donde la reventa puede llevar años.

Dos riesgos predominan y deben cuantificarse antes de la compra. En primer lugar, el riesgo de huracanes, que encarece el seguro y a veces dificulta obtenerlo según la construcción y la exposición del bien; el huracán Dorian demostró en 2019 la magnitud posible de la destrucción. En segundo lugar, el coste de mantenimiento, elevado en un entorno marino e insular.

Por último, la cadena de titularidad requiere una atención especial. Algunas islas tienen títulos antiguos, a veces en proindiviso entre herederos, cuya regularización es larga. Es indispensable un asesor local independiente del vendedor.

No publicamos ni los derechos de timbre bahameños, ni los tipos del impuesto sobre bienes inmuebles, ni los umbrales de autorización previa para compradores extranjeros: no figuran en nuestros extractos.

Las Bahamas figuran entre los destinos más caros de la región. El archipiélago importa casi todo lo que consume, y el precio de los alimentos, la energía y los bienes duraderos se resiente directamente.

No publicamos un presupuesto mensual tipo: no hemos encontrado una serie oficial bahameña que mida una cesta de gastos comparable a la de un expatriado.

El dólar bahameño tiene una paridad fija con el dólar estadounidense, lo que elimina el riesgo de cambio para un presupuesto en dólares y hace que los precios resulten inmediatamente comprensibles para un comprador internacional.

Cuatro partidas estructuran un presupuesto. La electricidad, cuyo coste insular es muy superior a los niveles europeos. El seguro de hogar, encarecido por el riesgo de huracanes. La salud, privada en su mayor parte y costosa, con evacuaciones a Florida para las intervenciones graves. Y la escolarización internacional, concentrada en Nasáu.

La ausencia de impuesto sobre la renta debe, por tanto, ponerse en relación con este coste de funcionamiento. Para un patrimonio importante y rentas elevadas, el balance sigue siendo favorable; para una renta media, el ahorro fiscal queda en gran parte absorbido por el coste de la vida.

1. Elegir la vía: residencia permanente económica, o compra de una vivienda que da acceso a una tramitación acelerada;
2. verificar la fecha de la documentación consultada, ya que el umbral de inversión se elevó el 1 de enero de 2025;
3. integrar el periodo de tenencia de a partir de 10 años⁵ en el plan de financiación: el capital queda inmovilizado;
4. pedir presupuesto del seguro del bien antes de la oferta, ya que el riesgo de huracanes puede encarecerlo o dificultar su obtención;
5. tratar la salida de Francia según sus propios criterios, a falta de convenio fiscal franco-bahameño.

El último punto es el de mayores consecuencias. Sin convenio para evitar la doble imposición, ningún mecanismo convencional permite dirimir entre Francia y las Bahamas en caso de doble residencia: la única protección reside en la ruptura efectiva y documentada de los vínculos con Francia.

• La ausencia de impuesto sobre la renta es real, pero la fiscalidad indirecta e inmobiliaria pesa sobre un residente.
• Los beneficios de las sociedades no tributan —0 %²—, salvo en el caso de los grupos multinacionales incluidos en el ámbito del impuesto complementario mínimo.
• La inversión de a partir de 1.000.000 US$³ debe conservarse a partir de 10 años⁵: es la condición que más a menudo se silencia.
• El umbral se elevó el 1 de enero de 2025: la documentación anterior está desfasada.
• No existe convenio fiscal entre Francia y las Bahamas: nada permite arbitrar una doble residencia.

Por último, las Bahamas pertenecen a una categoría particular: la de los destinos donde la ventaja fiscal es auténtica, pero donde el coste de entrada, el coste de funcionamiento y la exposición climática reservan el régimen a patrimonios importantes. El país conviene a quien dispone de un capital significativo, acepta inmovilizarlo durante una década y ha roto sus vínculos con Francia de manera incontestable. No conviene a una instalación progresiva o reversible, que ni el importe exigido ni la ausencia de convenio fiscal permiten contemplar con tranquilidad.