Expatriarse a España en 2026: ley Beckham, visados y coste de la vida

El artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta considera residencia habitual en territorio español la de la persona que permanece en él más de más de 183 días³ durante el año natural, o que tiene allí el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos.

La escala general es progresiva y alcanza un máximo de 47 %⁴. A ello hay que añadir la parte autonómica: España es un Estado muy descentralizado en materia fiscal, y la comunidad autónoma de residencia modifica sensiblemente la carga real con una renta idéntica.

La base del ahorro

Las rentas del capital —dividendos, intereses, plusvalías— forman una base distinta, llamada base del ahorro, sujeta a su propia escala. Esta parte de 19 %⁵ y llega a 30 %⁶ por encima del último umbral.

Esta separación es estructural: un patrimonio que genera rentas financieras no está sujeto a la escala general, lo que cambia por completo el arbitraje respecto a un país que lo globaliza todo.

Impuesto sobre el patrimonio y solidaridad

España mantiene un impuesto sobre el patrimonio, complementado por un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que se dirige a los patrimonios superiores a más de 3.000.000 €⁷.

Este punto es decisivo y con frecuencia se pasa por alto: el impuesto patrimonial está en parte cedido a las comunidades autónomas, algunas de las cuales lo han neutralizado, mientras que el impuesto de solidaridad restablece una parte a nivel estatal. La combinación de ambos depende, por tanto, de la región de instalación.

El régimen de trabajadores desplazados

El artículo 93 establece un régimen especial para los asalariados, incluidos los teletrabajadores, los administradores, los emprendedores y los profesionales altamente cualificados que adquieren su residencia fiscal en España —el llamado régimen Beckham, cuyo acceso amplió la Ley 28/2022 de startups para los desplazamientos producidos a partir de 2023, con inclusión del cónyuge y los hijos en determinadas condiciones.

Permite tributar según las reglas de los no residentes durante 6 años⁸, al tipo de 24 %⁹ hasta una base de 600.000 €¹⁰, gravándose el exceso al tipo superior.

El impuesto sobre sociedades se fija en 25 %¹¹ al tipo general.

Unas palabras sobre el método de comparación. A menudo se juzga que España tiene una fiscalidad «muy pesada» basándose únicamente en el tipo marginal de la escala general. Es una lectura parcial: para un patrimonio cuyas rentas son mayoritariamente financieras, se aplica la escala del ahorro, que se acerca más a la media europea de lo que la escala general da a entender. La diferencia real se mide sobre la estructura de las propias rentas, no sobre un tipo publicitado.

Para un ciudadano francés no se requiere ningún título: se aplica la libertad de circulación, con inscripción en el Registro Central de Extranjeros pasados tres meses. Esta inscripción no es neutra: alimenta la apreciación de la residencia.

Para los nacionales de terceros países, España ha suprimido su visado de residencia para inversores: la Ley Orgánica 1/2025 deroga todas sus vías, tanto inmobiliarias como financieras o empresariales, y no es posible presentar ninguna nueva solicitud desde el 3 de abril de 2025. Subsisten los visados basados en la actividad o en los recursos: visado de teletrabajador, visado no lucrativo para quienes viven de sus rentas, visados de emprendedor y de profesional altamente cualificado.

Los umbrales de recursos exigidos para el visado no lucrativo y para el visado de teletrabajador, así como la duración de los títulos y sus condiciones de renovación, no figuran en las fuentes oficiales que hemos podido consultar: no los cuantificamos.

El régimen del artículo 93 merece una mención aparte: no es un título de residencia, sino una opción fiscal, abierta en particular por razón de un desplazamiento profesional a España. El título y el régimen se solicitan por separado, y cumplir las condiciones de uno no dice nada sobre el otro.

La adquisición por un extranjero es libre y no requiere ninguna autorización previa. En cambio, el número de identificación de extranjero —el NIE— es el requisito indispensable para cualquier operación, así como para abrir una cuenta.

El mercado está muy diferenciado: Madrid, Barcelona, las Baleares y ciertas zonas costeras siguen una dinámica propia, impulsada por la demanda internacional, mientras que el interior del país registra una trayectoria mucho más tranquila.

Hay dos evoluciones que deben integrarse en cualquier proyecto de alquiler. Varias comunidades autónomas y municipios han regulado el alquiler de corta duración, con regímenes de autorización y cupos. Y la fiscalidad de la tenencia, en parte autonómica, varía según la región.

No publicamos ni los impuestos de transmisión, ni el impuesto sobre bienes inmuebles IBI, ni la tributación de las rentas de alquiler españolas: estas escalas dependen en parte de las comunidades autónomas y no disponemos de una fuente oficial consolidada y fechada.

Conviene conocer un punto de procedimiento: la venta por un no residente da lugar a una retención practicada por el comprador e ingresada en la Hacienda española, a cuenta de la tributación de la plusvalía. Es recuperable, pero inmoviliza una parte del precio durante varios meses. Un plan de tesorería que lo ignore se ve sorprendido en el momento de la reventa.

El coste de la vida en España sigue siendo inferior a la media de la zona euro, pero la diferencia se ha reducido mucho en las grandes ciudades y en el litoral, donde la vivienda ha registrado una subida sostenida.

No publicamos un presupuesto mensual tipo: no hemos encontrado una serie oficial española que mida una cesta de gasto comparable a la de un expatriado.

La partida que realmente distingue a España de un país vecino no es el precio de la cesta corriente, sino la fiscalidad local. La comunidad autónoma de residencia modifica el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones, en proporciones que pueden superar la diferencia de coste de la vida entre dos regiones.

La sanidad pública es de buen nivel y accesible a los residentes afiliados; no obstante, muchos expatriados contratan una cobertura privada para acceder a especialistas, a un coste moderado en comparación con otros destinos.

1. Obtener el NIE, requisito previo para cualquier operación bancaria, de alquiler o inmobiliaria;
2. elegir la comunidad autónoma con conocimiento de causa: de ella depende una parte del impuesto sobre la renta, del patrimonio y de las sucesiones;
3. registrarse ante las autoridades locales e inscribirse en el padrón municipal, del que dependen varios derechos;
4. para un nacional de un tercer país, presentar la solicitud de visado correspondiente a su situación: teletrabajo, no lucrativo, emprendedor;
5. en su caso, ejercer la opción del régimen del artículo 93 mediante el modelo 149, dentro del plazo reglamentario, que se computa desde la fecha de inicio de la actividad inscrita en el momento de la afiliación a la seguridad social española (o recogida en el documento que la sustituya), y no desde la obtención de la residencia.

La elección de la región es la etapa más infravalorada. A menudo se decide por el clima o la cercanía de un aeropuerto, cuando tiene consecuencias fiscales duraderas, en particular en materia de transmisión patrimonial.

No publicamos plazos de tramitación: los de los consulados y las oficinas de extranjería varían mucho según el lugar, y no disponemos de una fuente oficial con cifras y fecha.

• La fiscalidad española es en parte regional: comparar España con otro país sin precisar la comunidad autónoma carece de sentido.
• El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se dirige a los patrimonios superiores a más de 3.000.000 €⁷ y neutraliza, a nivel estatal, una parte de las bonificaciones regionales.
• El régimen del artículo 93 está limitado a 6 años⁸: la salida debe prepararse desde la entrada.
• El visado de residencia para inversores ya no existe, sea cual sea la vía de inversión, desde el 3 de abril de 2025: los proyectos construidos sobre este mecanismo deben reconsiderarse.
• La obligación de declarar los bienes poseídos en el extranjero se sanciona con dureza en caso de omisión, y afecta a muchos nuevos residentes franceses.

Por último, el pasaporte español da acceso a aproximadamente 192¹² sin visado. Pero para un ciudadano francés, el interés de España no reside ni en el pasaporte ni en el permiso de residencia: está en el arbitraje entre la escala del ahorro, la fiscalidad regional y, en su caso, el régimen de trabajadores desplazados. Todo lo demás es secundario.

Para una pareja franco-española o una familia cuyos hijos permanecen en Francia, la cuestión sucesoria suele prevalecer sobre la de la renta. El impuesto sobre sucesiones depende en parte de las comunidades autónomas, con diferencias considerables, y el reglamento europeo de sucesiones permite, bajo ciertas condiciones, elegir la ley aplicable. Es un asunto que debe tratarse con un notario de ambos países, antes de la mudanza y no después.