Expatriarse a Andorra en 2026: impuesto limitado al 10 %, residencia y entorno pirenaico

Andorra no es un territorio sin impuestos: es un territorio de impuestos bajos, lo cual es distinto y se comprueba con los textos en la mano. El impuesto sobre la renta de las personas físicas se instituyó mediante la ley 5/2014.

Se consideran residentes fiscales las personas que permanecen más de 183 días² en el año natural en territorio andorrano, o que tienen allí el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Los criterios son alternativos.

El tipo impositivo es único: 10 %³. Se aplica tras las reducciones, entre ellas una reducción por mínimo personal que exonera de hecho las rentas modestas.

Se aplica además una bonificación a las rentas del trabajo, de las actividades económicas y del capital inmobiliario, articulada en torno a un umbral de 40.000 €⁴.

Rentas del capital

Los dividendos y demás rendimientos de participación en entidades andorranas están exentos: el artículo 5 de la ley los incluye entre las rentas exentas, al tipo del 0 %⁵. El impuesto sobre sociedades se fija en el tipo general del 10 %⁶.

La arquitectura es, por tanto, coherente: un tipo moderado sobre la renta, una sociedad gravada al mismo nivel y una distribución de dividendos que no soporta una segunda capa impositiva. Para un directivo, lo que cuenta es el conjunto, no solo el tipo anunciado.

No publicamos el baremo de las plusvalías ni el régimen andorrano de sucesiones y donaciones: no figuran en los extractos de textos de que disponemos.

Esta coherencia tiene una contrapartida que conviene valorar. Un tipo único bajo va acompañado de una base amplia: pocas bonificaciones, pocos mecanismos de diferimiento, poca optimización posible una vez instalado. La ventaja se juega a la entrada, en la decisión de trasladarse, y no en la gestión anual.

Al no pertenecer Andorra ni a la Unión Europea ni al espacio Schengen, un ciudadano francés no dispone allí de ningún derecho de residencia automático. Todos dependen del derecho andorrano de inmigración, y es una diferencia importante con los demás destinos europeos.

La residencia sin actividad lucrativa

Es la vía de los jubilados y de las personas que viven de su patrimonio. Supone dos compromisos financieros distintos, establecidos por el artículo 96 de la ley de inmigración: una inversión en activos andorranos y un pago a la autoridad financiera.

Desde la ley 2/2026, para las solicitudes presentadas a partir del 22 de enero de 2026, el titular principal abona 50.000 €⁷ a la Autoridad Financiera Andorrana, y 12.000 €⁸ por cada persona a cargo. Este pago es definitivo y no reembolsable, salvo denegación de la autorización inicial: hay que tratarlo como un coste de entrada, no como una inmovilización. El depósito reembolsable del antiguo régimen solo afecta ya a las solicitudes anteriores.

La misma ley fija la inversión permanente en activos andorranos —inmuebles, participaciones en sociedades andorranas, valores y fondos andorranos, deuda pública, seguros de vida, entre otros— en al menos a partir de 1.000.000 €⁹, importe que se reduce a a partir de 400.000 €¹⁰ cuando la inversión se realiza en el Fondo de la vivienda. Es, junto con el pago, la partida principal del expediente; conviene confirmar la elegibilidad de los activos elegidos con el servicio de inmigración antes de asumir cualquier compromiso.

A ello se suma una obligación de presencia efectiva: el solicitante se compromete a fijar su residencia en Andorra al menos 90 días¹¹ por año natural. Este umbral no es el de la residencia fiscal —es muy inferior— y confundirlos es el error más costoso del expediente andorrano.

Una residencia activa, abierta a quien ejerce una actividad o dirige una sociedad andorrana, obedece a condiciones diferentes, en particular en materia de participación en el capital y de cuotas.

Un último elemento distingue a Andorra de sus vecinas: el número de títulos concedidos en concepto de residencia sin actividad lucrativa está limitado, y el país asume una política de selección más que de volumen. Un expediente completo y financiable no garantiza, por sí solo, la concesión en un plazo determinado.

La adquisición por parte de un no residente está sujeta a autorización administrativa previa. No es un mero trámite formal: condiciona la operación y se inscribe en una política de control del suelo propia de un territorio reducido.

El parque inmobiliario está limitado por la geografía —valles estrechos, poco suelo edificable— y la demanda extranjera ha generado una tensión duradera. La restricción no es coyuntural: es física.

El inmueble puede, además, servir de soporte a la inversión exigida para la residencia sin actividad lucrativa, lo que vincula el expediente de residencia con el expediente patrimonial. Un bien adquirido para cumplir una condición de inmigración no se revende con la misma libertad que una inversión ordinaria.

No publicamos ni los derechos de transmisión andorranos ni la fiscalidad local de la tenencia: no figuran en las fuentes que hemos podido consultar.

Andorra combina una fiscalidad baja con un coste de la vida que no lo es. La vivienda es la partida dominante, por el efecto combinado de la escasez de suelo y de la demanda de residentes extranjeros.

No publicamos un presupuesto mensual tipo: no hemos encontrado una serie oficial andorrana que mida una cesta de gasto comparable a la de un expatriado.

Tres partidas estructuran un presupuesto. La vivienda, ya mencionada. El coche, indispensable en un territorio de montaña donde las distancias se miden tanto en desnivel como en kilómetros. Y la salud, organizada en torno a un sistema de seguro al que cotizan los residentes, con un copago que conviene prever.

En sentido contrario, la fiscalidad indirecta es baja, lo que se nota en los bienes de consumo y en el carburante; es el origen histórico del comercio andorrano. La diferencia favorece, por tanto, a quien consume allí y perjudica a quien debe alojarse.

1. Elegir la vía —residencia sin actividad lucrativa o residencia activa—, ya que las condiciones financieras y las obligaciones de presencia difieren;
2. hacer confirmar con el servicio de inmigración que los activos elegidos para la inversión exigida son admisibles, requisito indispensable antes de cualquier cálculo;
3. efectuar el pago a la autoridad financiera andorrana, incorporándolo al presupuesto como una suma definitivamente adquirida por el Estado;
4. obtener la autorización previa si la operación incluye una adquisición inmobiliaria por parte de un no residente;
5. organizar la presencia efectiva, al menos al nivel del compromiso suscrito, y documentarla año tras año.

El orden importa: el importe de la inversión determina el cálculo global y la autorización de adquisición condiciona el calendario inmobiliario. Comprometerse con un contrato de arras antes de haber resuelto estos dos puntos expone a un desfase difícil de recuperar.

No publicamos plazos de tramitación: no disponemos de una fuente oficial cifrada y fechada sobre las autorizaciones de inmigración andorranas.

• El compromiso de presencia de 90 días¹¹ al año es una condición del título de residencia. No basta para establecer la residencia fiscal andorrana, que exige más de 183 días² o el núcleo de los intereses económicos.
• Esta diferencia es la trampa principal: un residente que cumple su compromiso migratorio sin trasladar realmente su centro de intereses puede seguir domiciliado fiscalmente en Francia.
• El pago a la autoridad financiera es definitivo desde la ley 2/2026, no reembolsable salvo denegación de la autorización inicial, y se suma a la inversión exigida.
• Andorra no está ni en la Unión Europea ni en Schengen: los derechos vinculados a la ciudadanía europea no se ejercen allí, y la circulación hacia el espacio Schengen obedece a sus propias normas.
• El pasaporte andorrano permite viajar a aproximadamente 171¹² sin visado, pero la naturalización es larga y exigente.

Por último, en una década Andorra ha pasado de una ausencia casi total de imposición directa a un sistema fiscal completo, con intercambio de información y convenios. Razonar sobre la reputación del territorio y no sobre su derecho positivo conduce a errores de apreciación considerables, en un sentido o en otro.

Para un francés, la cuestión decisiva sigue siendo el centro de intereses económicos. Un directivo que mantiene la mayor parte de sus ingresos vinculados a una actividad francesa cumple uno de los criterios del artículo 4 B del código general de impuestos (code général des impôts), y la proximidad geográfica de Andorra hace que este tipo de situación sea frecuente. La distancia no protege; lo que cuenta es la vinculación de los ingresos.